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Oficinas del IRS en EE. UU., centro del debate sobre la privacidad fiscal de los inmigrantes indocumentados./Canva

El IRS compartirá datos de inmigrantes indocumentados en EE.UU. para deportarlos

El acuerdo permitirá a los agentes de inmigración acceder a información tributaria para ubicar a personas con órdenes de deportación

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmaron un memorando que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a solicitar información fiscal sobre inmigrantes indocumentados.

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El acuerdo permite usar estos datos para ubicar y deportar a personas con órdenes judiciales de expulsión que aún permanecen en el país. Esta medida busca apoyar los esfuerzos de deportación impulsados por la administración del presidente Donald Trump, según documentos judiciales y reportes de medios como The Washington Post.

¿Cómo se aplica el acuerdo? 

El acuerdo, firmado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permite que ICE solicite datos al IRS proporcionando el nombre, dirección, motivo de investigación y base legal para la divulgación de la información tributaria. En respuesta, el IRS confirmaría o negaría la validez de los datos, facilitando así la localización de inmigrantes indocumentados.

El uso de estos registros marca un cambio relevante respecto al manejo tradicional de la información fiscal. Aunque muchos inmigrantes sin residencia legal no cuentan con un número de seguro social, declaran impuestos mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

El acceso del ICE a los registros del IRS causa polémica y provoca renuncias dentro de la agencia tributaria./Canva

The Guardian informa que, según el Consejo Americano de Inmigración, en 2023 estos contribuyentes aportaron cerca de 90 mil millones de dólares en impuestos, de los cuales más de 56 mil millones correspondieron al ámbito federal.

Controversias internas y cuestionamientos legales

Lisa Gilbert

Copresidenta de Public Citizen

Constituye una violación sin precedentes de las leyes de privacidad del contribuyente

El anuncio generó tensiones dentro del IRS. The Washintong Post, informó que, Melanie Krause, planeaba anunciar su salida tras no haber sido incluida en las decisiones sobre el acuerdo. Es la tercera alta funcionaria en abandonar la agencia en medio de la controversia.

La organización Public Citizen, que representa a grupos defensores de inmigrantes como el Centro de Trabajadores Unidos e Immigrant Solidarity DuPage, presentó una demanda para frenar el acuerdo. Sus abogados argumentan que esta acción podría violar el Código de Rentas Internas, que protege la confidencialidad de los contribuyentes.

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El IRS ha incumplido su deber de proteger la información de los contribuyentes contra la divulgación indebida”, afirmó el abogado Nandan Joshi, según informó CNN. Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del memorando, asegurando que incluye salvaguardas para garantizar el cumplimiento del código tributario.

Impacto en la comunidad inmigrante

Organizaciones como la Coalición de Inmigración de Nueva York han advertido que esta política puede desalentar el cumplimiento tributario entre quienes temen ser identificados y deportados. “La decisión del IRS de compartir información confidencial con el Departamento de Seguridad Nacional amenaza la seguridad de miles de trabajadores”, sostuvo su director ejecutivo, Murad Awawdeh, citado por NPR.

A lo largo de décadas, defensores de inmigrantes y expertos en temas fiscales han sostenido que declarar impuestos puede ser un paso hacia la regularización, por lo que este giro podría romper la confianza construida entre el IRS y una parte significativa de la fuerza laboral.

Aunque el acuerdo establece que el uso de inteligencia artificial está permitido bajo supervisión, muchos de sus apartados permanecen censurados en el documento oficial, lo que genera más incertidumbre sobre el alcance del intercambio de datos. Mientras tanto, la corte no ha emitido una orden judicial para detener el convenio, aunque se ha fijado una audiencia para la próxima semana.

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