La corrupción es el cáncer que aqueja al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Su práctica no es exclusiva de los funcionarios o proveedores que, por ejemplo, postulan con empresas aliadas para ganar en las subastas inversas, sino también de los afiliados.

Estos, en su afán por conseguir una buena pensión jubilar, se dedican a engañar al sistema de cálculo. En sus últimos años de trabajo aumentan de forma extraordinaria y sin justificación sus sueldos. No son uno, sino millones de casos que, sumados al uso político del IESS convertido en un espacio clientelar, han hecho que el fondo de pensiones esté a punto de agotarse.

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“Hay para cubrir dos años, pero no para cinco y menos para pagar pensiones en unos 20 años”, dice Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria Consultores e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.

Su criterio es que así como este jueves 5 de junio la comisión que creó el presidente Guillermo Lasso para poner sobre la mesa de diálogo una propuesta para reformar el sistema de pensiones también se debe comenzar a hablar sobre formas concretas para erradicar la corrupción. “Promover la buena gestión, mejorar las rendiciones de cuentas a los afiliados y despolitizar el sistema deberían ser parte de las reformas urgentes. 

Hoy, los afiliados no tienen acceso a la información de su fondo, no saben cómo se invierte”, asegura. Para Ibarra, desde hace 20 años el IESS necesita de ajustes para hacer sostenible el fondo de pensiones en el tiempo, pero también indica que necesita cambios internos para manejar con eficiencia en el manejo de los recursos.

“La corrupción tiene un enorme costo para el seguro social. Hay sobreprecios en la compra de medicamentos y en los bienes inmuebles”, asegura Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados. Su criterio es que antes de hablar de aumentar los años de aportaciones o una jubilación a los 65 años de edad se hable de los males que afectan al IESS, por ejemplo de la deuda del Estado, de las prestaciones sin financiamiento como la cobertura de salud a los hijos de los afiliados o de la burocracia. 

“Cuando llegó Rafael Correa a la Presidencia, el área administrativa del IESS tenía una nómina de 10.164 personas; cuando terminó quedó una nómina de 38.154 personas. En 2018 se gastaron 980 millones en sueldos. ¿Por qué la comisión del gobierno no mira hacia dentro?”.

La abogada Patricia Borja también coincide con el criterio de que el IESS debe primero hacer cambios internos. La idea es mostrar niveles de eficiencia antes de adoptar reformas reglamentarias o legales al sistema de pensiones vitalicias. 

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“Las fallas de controles internos y corrupción se ve con mayor magnitud en el sistema de salud, pero en mayo de este año se hizo un allanamiento al IESS de Guayaquil por una adulteración al sistema de pensiones. Afiliados habían manipulado los años de aportaciones y sus últimos sueldos bases para mejorar su pensión. Eso es muy grave”. 

Borja señala que las propuestas de la comisión de Lasso deben analizarse y debatirse, porque el IESS necesita sostenibilidad financiera, pero también necesita “integridad y un manejo ético, fuera de cualquier interés político”.

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