Cinco miembros de una familia murieron en un choque, en Latacunga, Cotopaxi. El chofer del camión, que los impactó cuando iba sin frenos en la Panamericana sur, huyó. Desde el siniestro, el 25 de noviembre de 2020, han pasado dos meses. Y el responsable ahora es uno más en la lista de los fugitivos por accidentes de tránsito en el país.

Según el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), del 1 de enero al 15 de diciembre de ese año, hubo 1.949 conductores implicados en siniestros. De ese número, 279 escaparon del lugar. Es decir, el 14,32 %.

Benjamín Ilbay, hermano de uno de los fallecidos, cuenta que ese camión tuvo un dueño anterior. Cuando se presentó durante las investigaciones, él explicó que había vendido el vehículo pesado hace cuatro años. “Pero nunca nos presentó un documento que avalara la transacción”, dice Ilbay con resignación.

En esta semana, las autoridades lo llamaron por segunda ocasión para que declarara; sin embargo, él no se ha presentado.

Eso molesta a Ilbay porque, asegura, no han tenido el apoyo de nadie para al menos indemnizar a los tres huérfanos de las víctimas. A bordo de la camioneta iban Manuel Bucay y su esposa Mercedes Aucancela. También estaban Ángel Ilbay y Fabiola Bucay, marido y mujer, y Christian Malca.

Las fugas

Kléver Almeida, coordinador general del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat), explica que uno de los factores para que los involucrados en siniestros huyan es el desconocimiento de las normas. “Si el causante se queda, ayuda a la víctima y colabora, son atenuantes que se toman en cuenta durante el proceso”, añade.

El jefe del SIAT de Pichincha, Luis Espinosa, agrega que no sirve de mucho que el chofer se fugue y abandone el vehículo si con la investigación es posible identificar al dueño. Es lo que se hizo con el camión implicado en el choque de Latacunga.

Sin embargo, Ilbay asegura que no se conoce la dirección del domicilio del primer propietario del automotor, mucho menos del hombre que manejaba ese día.

Otra problemática

Hay casos en los que los infractores no huyen tras el accidente, sino después. Almeida señala que las decisiones judiciales influyen: los indagados aprovechan que no son detenidos en el momento, porque justifican arraigo, y luego, cuando deben acudir al llamado de la Fiscalía de Tránsito no se presentan. Solo desaparecen. “Estamos frente a un sistema judicial viciado”, insiste.

Conseguir un abogado acusador, experto en materia de tránsito, no es fácil para los familiares de las víctimas, reconoce Almeida. Y cuando hay uno, “al parecer, debe conocer al juez y a los fiscales para que el proceso fluya”. Pero si todo está de lado del implicado, “la víctima tendrá que cruzar los dedos para que le vaya bien”.

Investigaciones engorrosas

Ilbay no sabe si algún día la justicia dé con el responsable y cuánto tomará el proceso penal. No es el único con esa incertidumbre. Lucía Villegas perdió a su hijo después de que un vehículo chocara con la moto en la que él viajaba.

Ocurrió el 3 de octubre del año pasado, cuando Carlos Bonilla circulaba por la avenida 10 de Agosto, cerca de la Universidad Central. “Por la fuerza del impacto, el casco salió volando y mi hijo se golpeó la cabeza”, lamenta Villegas.

Bonilla, quien era policía, fue llevado al hospital Eugenio Espejo. Agonizó 14 horas. Y falleció.

Tras la audiencia, el hombre involucrado salió libre. “No es posible que a un imprudente no lo detengan. No murió un animal, sino un ser humano”, expresa la madre.

Tres días después, Villegas inició otro proceso para que se revisara nuevamente el caso. La abogada le dijo que las indagaciones podrían durar ocho meses. O más.

Y no se equivoca. Según Pablo Santos, coordinador de la Unidad de Accidentes de Tránsito de Fiscalía, las investigaciones en este tipo de hechos toman hasta un año. “Todo dependerá también de la experiencia de los integrantes de los entes con los que cuenta Fiscalía”, enfatiza.

Para el funcionario, poquísimos casos quedan en la impunidad porque el Ministerio Público tiene la potestad de continuar con las pericias aunque el conductor se haya fugado. Sin embargo, en 2019, según Almeida, se conocieron datos de la misma Fiscalía que refutan la afirmación de Santos.

De 2014 a ese año ocurrieron 12.079 siniestros de tránsito con fallecidos y solamente 864 obtuvieron sentencia en Ecuador, especifica el coordinador de Cavat.

Y eso se debe a que el juicio podría suspenderse por la ausencia del sospechoso, así se demuestre la culpabilidad.

Eso temen los parientes de Roberto Malta, atropellado en Urdesa, norte Guayaquil, el 5 de septiembre de 2020, por una mujer que manejaba, supuestamente, en estado etílico y que ahora está prófuga. El viernes no se instaló la audiencia de juicio contra la procesada porque la fiscal no pudo presentarse virtualmente. Se reinstalará el 25 de enero.

Cuando ocurren estos casos, “es potestad del juez girar una boleta de captura”, insiste Santos. Para atrapar al fugitivo se necesita de la unidad de búsqueda de la Policía Judicial (PJ).

¿Por qué no se los pone en las listas de los más buscados para acelerar el proceso? Porque son delitos diferentes a los asesinatos. “En caso de que existan varios muertos se podría pedir la ayuda de la policía de otros países, pero son trámites diplomáticos”.

Todo esto se vuelve un proceso desgastante. El coordinador de Cavat dice que para evitar lo engorroso de las indagaciones, la gente llega a conciliaciones. Y si no, solo queda el dolor. 

Otros casos

Una sentencia que calma el dolor

El 24 de septiembre de 2017 falleció Juan Carlos Simbaña, en el sector de González Suárez, en Otavalo. Su hermana Paola cuenta que el bus iba a exceso de velocidad, tuvo una falla mecánica en los frenos, la persona que conducía no era un chofer profesional, sino que se intercambiaron con el controlador.

“El bus dio volteretas y mi hermano salió expulsado por una de las ventanas. El golpe fue mortal en el cráneo y fue lo que causó la muerte”. Las dos personas encargadas del bus huyeron.

A uno le lograron capturar al cabo de un mes, al otro lo detuvieron luego de un año y ocho meses. Pero luego de tres años se dictó sentencia y no se han cobrado indemnizaciones.

Simbaña lamenta que el accidente cortó los sueños de su ñaño, quien estudiaba en la Universidad de Yachay. Seguía Ingeniería Química y cada viernes regresaba a Quito para visitar a su familia. Los domingos, los parientes lo llevaban hasta la terminal de Carcelén, norte capitalino.

Condena cumplida por una muerte

El 6 de septiembre de 2019 ocurrió un accidente en la avenida Simón Bolívar, cerca de la entrada a Nayón, cuando un tanquero invadió el carril de circulación sentido norte - sur e impactó a un vehículo.

En el segundo auto iba una mujer, quien murió en ese instante. Luego de esto, el chofer implicado intentó escapar, subiéndose por el capó hasta treparse la montaña.

Fue capturado y después de las investigaciones se dictó una condena de 16 meses, la cual se cumplió este 6 de enero.

Ante esto, los parientes de la víctima hicieron público su malestar porque, a su criterio, el hombre saldría nuevamente a conducir un vehículo. Les indigna también que tras de sí tenía otros 40 procesos viales e, incluso, una muerte más.