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"Se han vulnerado los derechos a la salud, agua y ambiente sano de la población carcelaria"
Un juez falla a favor ante la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para que se atienda a estos grupos humanos afectados por la pandemia
Una sentencia favorable recibió la acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo a favor de las personas privadas de libertad y trabajadores de los centros penitenciarios del país, que están afectados por el COVID-19.
"Un juez de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia Iñaquito, del Distrito Metropolitano de Quito, declaró el 9 de julio la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, agua y ambiente sano de este grupo poblacional", informó la Defensoría.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la entidad que vela por los Derechos Humanos ha emitido diversas comunicaciones, alertas y exhortos a las diferentes autoridades de Salud y del sistema carcelario, a fin de que se busquen las alternativas más convenientes para atenuar, en lo posible, el impacto de la COVID-19 en los centros de privación de libertad.
Según la información presentada por el Ministerio de Salud Pública, se establece que, hasta junio de 2020, unas 805 personas privadas de libertad han sido diagnosticadas con el virus, mientras que 2.720 están bajo sospecha, y 24 han fallecido.
En cárceles como la de Ambato, Cuenca y otras ciudades, durante esta pandemia ha habido incluso brotes de rebelión por parte de los reos, en demanda de mejores condiciones sanitarias.
Responsabilidad del Estado
"La Defensoría del Pueblo recalca la importancia de la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano frente a las personas bajo su custodia, en este caso, las privadas de libertad, así como de las y los servidores que trabajan en los centros penitenciarios", señaló la entidad.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado al Estado ecuatoriano respecto a su responsabilidad de garantizar los derechos de estas personas, "dado que es necesario adecuar las condiciones para que cumplan sus sentencias en forma digna y segura".
Se espera un pronunciamiento del Gobierno y las autoridades competentes frente a este dictamen con el que se exige cumplir con medidas, especialmente sanitarias, a favor de la población carcelaria.
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