El presidente Guillermo Lasso, designó este lunes a Guillermo Rodríguez como nuevo director del servicio nacional de prisiones, en medio de una crisis en el sistema penitenciario,  que la semana pasada padeció de sendas masacres en dos centros carcelarios con 29 reos asesinados.

Mediante un decreto ejecutivo, Lasso puso a Rodríguez al frente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en reemplazo de Pablo Ramírez, quien pasará a ser director de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía.

El nuevo director general de SNAI asumirá el cargo en medio del recrudecimiento de la crisis carcelaria por los últimos hechos ocurridos en las prisiones de las provincias de Guayas y Cotopaxi, que entre el lunes y miércoles de la semana pasada sufrieron otras masacres entre reos.

El pasado 3 de octubre una reyerta entre reos en la cárcel Cotopaxi Número 1, que se extendió hasta el día siguiente, dejó 16 muertos y 43 heridos, incluido Leandro Norero, acusado de dirigir una banda del narcotráfico en el país.

El 5 de octubre, otra masacre tuvo lugar en la Cárcel Guayas Número 1, conocida como la Penitenciaría de Guayaquil, con 13 reclusos asesinados y 18 heridos, lo que supuso la novena matanza carcelaria desde el año 2020.

Asimismo, el sábado dos reos fueron hallados muertos en una cárcel de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste del país y fronteriza con Colombia.

La situación carcelaria en Ecuador también sufrió otro revés el pasado domingo, cuando el SNAI informó que se habían encontrado más de 700 balas para fusil en la cárcel de Guayaquil y que un policía, del que se desconocía su paradero, era investigado por este caso.

En lo que va del año, más de 100 reclusos han fallecido violentamente en las cárceles ecuatorianas y son más de 400 los asesinados desde 2020.

Grupos pro derechos humanos han advertido incluso de un genocidio carcelario ante la supuesta falta de acción del Estado para detener las recurrentes masacres en las prisiones.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en un informe difundido este viernes, opinó que, al parecer, "la dinámica del Estado es dejar que dentro de las cárceles mueran las personas y, luego de los disturbios, ingresan" para controlar el orden.

La especialista en temas de seguridad penitenciaria, Carolina Andrade, coincidió al afirmar que, a su parecer, el Gobierno parece haber aplicado una "política de autorregulación dentro de los centros de privación de libertad".

"No veo que en el mediano o largo plazo la situación vaya a cambiar" en torno a la seguridad en las cárceles, debido a que "nada ha cambiado a nivel institucional" ni en la "voluntad política del Gobierno", agregó la activista.

El Ejecutivo ecuatoriano, de su lado, ha ratificado su compromiso por cumplir las sugerencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la preocupante situación carcelaria en Ecuador, de lo que culpa a bandas criminales, con supuestos nexos con carteles del narcotráfico, que se disputan el control de las prisiones.

Sin embargo, ha reconocido que aún no entran en servicio los 1.300 guardias en proceso de formación que se sumarán a los actuales 1.600 agentes penitenciarios, ni tampoco se ha terminado de equipar a todas las prisiones con escáneres y tecnología para hacer más difícil el ingreso de armas a esos centros.