Sus gritos desgarradores lograban transmitir el dolor, la desesperación y la impotencia que sentían. Estaban encerrados. Las llamas rodeaban sus habitaciones y ni siquiera podían abrir las puertas, porque en los exteriores sus celadores les habían colocado candados.

Los vecinos empatizaron con su clamor y aprovecharon el agua de las piscinas que había en los alrededores para, con baldes y otros recipientes, tratar de controlar el fuego. “Se hizo todo lo posible. Los bomberos tampoco demoraron. Fueron rápidos...”, recordó Dora Vera, una lugareña.

Sin embargo, las víctimas, siete jóvenes con adicción a las drogas, estaban atrapadas en la parte posterior de un inmueble en el que funcionaba una clínica de rehabilitación clandestina, que hace ocho meses se había asentado en la barriada con la fachada de una fundación, comentaron los moradores.

Cuando los rescatistas del Cuerpo de Bomberos lograron llegar hasta el área donde estaban los internos descubrieron los siete cadáveres. Dora Vera, a pesar de no ser pariente de los fallecidos, estaba desconcertada. Ella contó que los apreciaba, sobre todo porque se portaban bien con todos los vecinos.

El hecho

El percance se suscitó en la calle Q, entre la 17 y la 18, en el suroeste de Guayaquil. Magaly Briones, una vecina del centro clandestino, también recordó que los gritos de los jóvenes fueron estremecedores y que, al igual que otros lugareños, sintieron el dolor como propio.

Además, relató que dos internos de la clínica, que estaban encargados de las llaves y de la cocina, contaron su versión de lo sucedido tras escapar del fuego.

La habitante mencionó que el cocinero les relató que las llamas habrían empezado después de que un joven, con apenas un día de llegado, sintiera desesperación por el encierro, probablemente por el síndrome de abstinencia, y encendió un colchón.

Luego de eso, el fuego se habría propagado hacia otros materiales inflamables y continuó hacia otras habitaciones.

En consecuencia, el encargado de las llaves habría ayudado a salir a un grupo de siete jóvenes, pero cuando iba por los demás, la candela se lo habría impedido. “Salió arrastrándose...”, rememoró la moradora.

¿Fundación?

Dora Vera señaló que, en ocasiones, el centro sí hacía labores como una fundación, porque “también recibía donaciones. Para el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, estaban planeando elaborar unas ayudas para las mujeres del sector”, mencionó.

Otro ciudadano, quien prefirió omitir su nombre, aseguró que en los internamientos de los jóvenes también brindaban apoyo, porque supuestamente cobraban 5 dólares mensuales.

“No sé el precio, pero sí sé que les ayudaban y les daban buenos alimentos y buenas frutas. Lo sé porque a veces me pedían ayuda con la licuadora y me pasaban sus productos. Veía que eran cosas muy buenas. En triciclos traían todo”, señaló la mujer, a quien los internos llamaban cariñosamente Mamá Dora.

La última ‘jama’

Los lugareños no sabían lo que comieron los internos por última vez, pero sí a qué hora: a las 16:00 del martes 1 de marzo, porque vieron salir a la administradora del sitio y les indicó que acababan de servirse sus alimentos. También habría recomendado a los vecinos que, de ocurrir cualquier novedad, le ayudaran a ‘echar un ojito’.

Esa fue la última vez que vieron a la responsable del sitio, porque una hora más tarde ocurrió la desgracia y, hasta la mañana de ayer, nadie se hacía responsable por el lugar.

Por ese motivo, los investigadores de la Policía Nacional buscaban establecer quiénes eran los dueños del centro clandestino, para que rindieran sus versiones de lo acontecido, y una autoridad judicial decida si tuvieron alguna responsabilidad penal por el hecho.

Identificados

Fuentes oficiales revelaron que cinco de las siete víctimas habían sido identificadas hasta el mediodía siguiente, pero sus nombres no fueron proporcionados. No obstante, por la mañana se conoció que uno de ellos era Víctor Parrales, porque sus familiares llegaron a reconocerlo, pero no dieron mayores detalles.

Doble sello de clausura

Un sello del Ministerio de Gobierno y otro de la Agencia Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) fueron colocados en la fachada del centro de rehabilitación clandestino, entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

Con estos documentos, las instituciones de control ratificaban que el lugar no contaba con “permisos de funcionamiento, atendía en la clandestinidad”, según comunicó la Acess.

Mediante un escrito también se detalló que ni siquiera se había iniciado algún tipo de trámite para buscar la legalización del sitio, porque supuestamente no existen solicitudes para la “obtención del licenciamiento”.

En lo que va del año, la Acess ha clausurado cuatro establecimientos similares, “en los que se ofertan tratamientos para adicciones al alcohol y drogas, ilegalmente”.