Tres días después de la masacre registrada en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, donde fueron asesinados más de 18 reclusos, el martes 25 de julio, líderes de varias organizaciones criminales emitieron mensajes en los que promulgaban un supuesto acuerdo de paz que acabaría con los secuestros, extorsiones y muertes violentas.

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“Para una mejor convivencia, como compromiso de la buena fe, hacemos entrega voluntaria de las armas, para que la paz y la seguridad regresen al pueblo ecuatoriano”, dice en una grabación de poco más de un minuto Adolfo Macías Villamar, alias Fito, presunto líder de Los Choneros, quien guarda prisión en una cárcel de Guayaquil. Los cabecillas de otras bandas delictivas hicieron lo mismo en el país.

¿Pero qué ha pasado con este supuesto acuerdo de paz entre organizaciones delictivas? ¿Ha bajado acaso el número de asesinatos? No.

Prueba de esto es que solo en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, desde el 26 de julio hasta ayer 3 agosto, se han registrado 50 asesinatos. El distrito con más crímenes durante estos nueve días es Esteros (13), donde el pasado sábado 29 de julio se registró una balacera que acabó con la vida de cuatro personas, entre ellas una niña de nueve años.

En otros distritos como Sur, Durán, 9 de Octubre, Nueva Prosperina, Pascuales, Portete y Samborondón también se han registrado hechos de sangre.

Para Kleber Carrión, analista en temas de seguridad y uno de los fundadores de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), detrás de este supuesto acuerdo entre organizaciones delictivas se esconde un “mensaje político no partidista”, motivado por la presión social que existe debido al auge delincuencial que vive el país y en especial las ciudades del perfil costero.

Por la percepción de angustia que tiene la población, sin distinción de estrato social, hablaron de supuestos acuerdos, pero los grupos delictivos ya no respetan a nada y a nadie.

Otra razón para que continúe la violencia podría ser el hecho de que quizá los líderes quieran ponerse de acuerdo, pero lo que está ocurriendo denota que no tienen el control de su grupo. Las diversas facciones no siempre se quieren alinear y muchas veces hacen lo que les da gana; “conducta propia de alguien que vive al margen de la ley”, afirma Carrión.

Explica que el número de muertes violentas no ha bajado porque existe una pugna de poder disgregada no solo entre las grandes bandas, sino entre las microcápsulas criminales, que se pelean el territorio para sus actos delictivos.

 “Ahora cualquiera dice ser lobo, tiguerón, chonero, para sacar provecho y provocar miedo. Entre ellos se seguirán matando, bien para depurar a la organización cuando encuentran a un soplón, o a los contrarios que se meten en su territorio. Lo lamentable es que muchas veces hay víctimas colaterales”.

Alfredo Narváez, quien en el 2021 formó parte de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación de Cárceles, organismo que nació para frenar la crisis carcelaria del país, sostiene que mientras el Estado no recupere el control de los centros penitenciarios, ningún acuerdo de paz es creíble. “Ojalá que el Gobierno haga las cosas bien. Esto de los acuerdos ya no es nuevo”. (AEB)

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