Este 9 de agosto de 2024, Ecuador conmemoró el primer año del asesinato de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, candidato presidencial por el movimiento Construye. Su vida fue truncada en un acto criminal que estremeció al país y marcó un hito en la violencia. 

Mientras la justicia aún avanza en el esclarecimiento de los hechos, surgen nuevas interrogantes sobre la seguridad de los futuros candidatos en un contexto electoral marcado por la incertidumbre y el temor.

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Julio César Cueva, abogado y representante de la familia del periodista Fausto Valdiviezo Moscoso, asesinado en Guayaquil el 11 de abril de 2013, ofrece una perspectiva particular sobre el caso Villavicencio, comparándolo con el del comunicador porteño.

Cueva destaca que, a diferencia del caso Valdiviezo, donde se sospechaba que el gobierno de turno podría haber intentado encubrir la verdad, el asesinato de Villavicencio ha generado una presión social y política mucho más amplia, tanto a nivel nacional como internacional.

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Para el jurista, esta presión ha forzado a las autoridades a avanzar en la investigación, logrando en primera instancia la condena de cinco presuntos autores materiales. Sin embargo, la búsqueda de justicia completa sigue pendiente, ya que aún no se ha identificado a los autores intelectuales del crimen.

Cueva señala que uno de los mayores desafíos en la investigación del asesinato de Villavicencio radica en la gran cantidad de enemigos que el candidato había acumulado a lo largo de su vida pública, a causa de las denuncias que él realizaba (como se explica en la infografía).

Esta realidad complicaría el trabajo de identificación precisa de los responsables intelectuales, ya que varios actores, sin necesariamente haber participado de forma concertada, podrían haber deseado el mismo trágico desenlace.

Según Cueva, el problema no reside tanto en la falta de voluntad política para resolver el caso, sino en la complejidad que tiene y en la multiplicidad de personas sospechosas que pudieron haber tenido motivos para silenciar a Fernando Villavicencio.

Mirando hacia el futuro, Mauricio Alarcón, analista político, enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad para los candidatos en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

Considerando los antecedentes recientes, no solo por el asesinato de Villavicencio, sino también de otras figuras relacionadas con la política, Alarcón advierte que las amenazas no solo se limitan al ámbito electoral, sino que también afectan a las autoridades en funciones, lo que convierte la protección de los candidatos en una prioridad urgente.

Alarcón destaca que las actividades políticas son intrínsecamente públicas y, por lo tanto, exigen que el Estado proporcione un nivel mínimo de seguridad. Critica la idea de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) asuma los costos de seguridad sin respaldo estatal, especialmente cuando dicha institución enfrenta serias limitaciones presupuestarias.

Las actividades de campaña, como mítines, recorridos y reuniones con la ciudadanía, exponen a los candidatos a riesgos significativos que no pueden ser ignorados, sostiene.

Aunque los candidatos con mayores recursos pueden contratar seguridad privada, Alarcón insiste en que la responsabilidad primordial recae en el Estado. Considera que, si bien es difícil resolver completamente los problemas de inseguridad en el corto plazo entre 2023 y 2025, garantizar la protección de los candidatos es crucial para asegurar un proceso electoral seguro y transparente.

Así se evitaría el desenlace fatal de algún candidato, como en el caso de Villavicencio, que además generó serios cuestionamientos a la Policía Nacional por las fallas que habrían existido en los anillos de seguridad, que aún no han sido esclarecidas.

El 12 de julio de 2024, en Quito, cinco personas fueron sentenciadas por el crimen de Villavicencio. Como presuntos coautores, con una condena de 34 años y 8 meses, fueron juzgados Carlos Edwin Angulo Lara y Laura Dayanara Castillo Velin, ambos considerados supuestos líderes de facciones del grupo terrorista Los Lobos.

Los otros tres implicados, acusados como cómplices, son Alexandra Elizabeth Chimbo Farinango, Érick Marcelo Ramírez Párraga y el colombiano Víctor Alfonso Flores. A ellos se les impuso una pena de 12 años de cárcel.

Ellos hacen parte de la investigación por la autoría material del crimen de don Villa, pero no han sido los únicos procesados: el 6 de octubre de 2023 mataron a seis sicarios colombianos, en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), y al día siguiente, en la cárcel de El Inca (Quito), eliminaron a un séptimo ‘gatillero’, ecuatoriano. El 28 de febrero, en la preparatoria de juicio, recibió sobreseimiento Óscar Andrés Fierro Flores.

En este caso hay otras investigaciones en curso, pero están bajo reserva. Ni la familia puede conocer detalles.

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