Ya no serán trece los procesados que podrían comparecer y hablar bajo juramento en el juicio por la autoría material del asesinato de Fernando Villavicencio, porque siete de ellos fueron eliminados en prisión, sin evidencias claras de violencia.

Incluso, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que estos individuos pudieron ser envenenados. La consulta formal de esta posibilidad fue elevada al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ente a cargo del sistema penitenciario, pero no dio respuesta.

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Los primeros fallecidos reportados -la tarde del viernes 6 de octubre de 2023, en Guayaquil- fueron los seis ‘gatilleros’ colombianos que habían sido detenidos cuatro horas después del asesinato de Villavicencio, hecho acontecido luego de que saliera de un mitin político que hacía parte de su campaña a la presidencia de la República, la tarde del miércoles 9 de agosto, en el norte capitalino.

El plato ‘criminal’

La mañana del sábado 7 de octubre, a esa lista de muertos se sumó uno más, esta vez de nacionalidad ecuatoriana: José Leonardo Montaño Cuadro, quien estaba recluido en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. En este caso fueron evidentes las sospechas de un posible envenenamiento, porque el personal de Criminalística colocó en una funda de evidencias el recipiente con los alimentos que había consumido el perjudicado. La comida sería sometida a análisis en un laboratorio.

No son los primeros

Estos siete individuos no han sido los únicos sicarios eliminados en el caso Villavicencio. El primero fue Jhojan David Castillo López. Él recibió nueve tiros en la escena del suceso, luego de que un agente reaccionara al ataque. El individuo, también colombiano, sobrevivió, pero en lugar de ser llevado a una clínica que estaba a pocos metros, fue trasladado a la Fiscalía de Flagrancia, a 5 kilómetros, donde murió.

Coches bomba

La media docena de procesados colombianos también fue noticia el 31 de agosto, cuando se confirmó que los dos atentados con coches bomba registrados esa madrugada y la noche anterior, en Quito, se relacionaban con su traslado desde la cárcel de Latacunga (Cotopaxi) a La Roca (Guayaquil), según declaraciones del secretario de Seguridad del Estado, Wagner Bravo.

Atentado en La Roca

El 12 de septiembre, un dron con explosivos fue detonado sobre el techo de La Roca. El SNAI trató el tema con hermetismo y no divulgó que los seis ‘gatilleros’ colombianos estaban en ese lugar. Luego de eso, fueron trasladados a medio kilómetro, a la ‘Peni’. En este reclusorio duraron con vida menos de un mes.

Mensaje terrorífico

Kléber Carrión, jurista y fundador de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), explica que detrás de toda muerte hay un mensaje, que no consiste únicamente en un asesinato, sino en el acto de demostrar quién tiene el poder, incluso de decidir quién vive y quién no.

Esta situación estaría dirigida a silenciar a quienes tal vez pretendieran hablar de más o a quienes no quieran alinearse a lo que un determinado grupo de delincuencia organizada ha impuesto, sobre todo porque existe la tentación de una ‘jugosa’ recompensa, de hasta $ 5 millones, ofrecida por los Estados Unidos. “Es un mensaje de terror que, además, demuestra que el control de los centros de rehabilitación está en manos de las organizaciones delictivas”.

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Extraoficialmente, se ha conocido que los seis reos que estaban en la Penitenciaría habían recibido la autorización de ser llevados a otro centro carcelario, algo que estaba por darse, pero su muerte lo impidió. La consulta acerca de su desplazamiento también fue hecha al SNAI, tampoco respondió hasta el cierre de esta edición.

¿Podían colaborar con la justicia?

La instrucción fiscal (tiempo con el que cuenta la Fiscalía para recabar pruebas) por el asesinato de Fernando Villavicencio culminó el 7 de octubre. Eso cierra la posibilidad de incluir nuevos elementos u otros sospechosos a este proceso. De haberlos, se tiene que abrir otra investigación, según explica César Peña, fiscal especializado.

El funcionario, ante la consulta de los límites que tiene la colaboración eficaz y de qué se trata, explica que esta puede darse hasta antes de que un reo reciba sentencia, siempre y cuando la información que aporte sea valiosa y permita esclarecer el caso o vincular a más personas relacionadas con una investigación.

La colaboración eficaz consiste, en pocas palabras, en que un procesado delate a alguien más o a toda una estructura criminal para beneficiarse de una rebaja de pena, entre otras posibilidades, detalla el operador de justicia.

Nuevo proceso

Los sicarios colombianos Jules Castaño, Adey García y Camilo Romero, entre los asesinatos en la ‘Peni’, debían presentarse el 23 de octubre a una audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada. En ese nuevo proceso, al contar con más tiempo para investigación, ellos tenían la oportunidad de revelar información que, en este caso, no proporcionaron.

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