En el asesinato del candidato presidencial Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, ocurrido el 9 de agosto de 2023, hubo la participación de personas relacionadas con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos, según fuentes policiales. Además, de acuerdo al expediente de un proceso por delincuencia organizada iniciado el 2 de septiembre de 2023, en contra de una facción de esta banda, se menciona que también hubo su presunta actuación.

En este caso, la presunta líder fue identificada como Laura Castillo y se detalló -durante la audiencia de formulación de cargos- que su campo de acción delictiva comprendería el sur de Quito y el Valle de los Chillos. En esa investigación fueron procesadas nueve personas, entre las que constaban Laura Castillo y un hombre que luego se convirtió en testigo protegido de parte de la Fiscalía, porque él brindó información que permitiría descubrir no solo a todos los autores materiales del asesinato de don Villa (así era conocido Villavicencio), sino también de los posibles contratantes y autores intelectuales.

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Eso llevó a que las medidas que pesaban sobre él en este caso de delincuencia organizada sean suspendidas. Eso le permitiría, incluso, salir del país. No obstante, se desconocen los detalles de lo sucedido con él luego de rendir su testimonio anticipado entre la mañana y tarde del domingo 8 de octubre, un día después de que culminara la instrucción fiscal en el caso Villavicencio, por el que existen 13 personas procesadas en los documentos, pero en realidad quedan 6, porque siete sospechosos fueron asesinados en cárceles de Guayaquil (6) y Quito (1), los días 6 y 7 de octubre.

Entre los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio está también Laura Castillo, la presunta líder de esta facción de Los Lobos investigada por delincuencia organizada. Este caso sigue su curso, pero el 20 de octubre se dio una diligencia que cambió la situación legal de una de las personas que recibió orden de prisión prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos.

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Se trata de María Paulina Guzman Padilla. El 26 de octubre se resolvió judicialmente que se sustituya su prisión preventiva por la presentación periódica en el Ministerio Público, para que firme su comparecencia en los días y franja horaria dispuesta durante la audiencia llevada ante el juez Renán Andrade y el fiscal Andrés Cuasapaz. La procesada fue defendida por el abogado Marcelo Toro.

Cuando Guzmán Padilla fue vinculada en este caso la Fiscalía sostuvo en la audiencia que ella era una presunta expendedora y que mantenía comunicación con más de un miembro de esta supuesta facción de Los Lobos. Sin embargo, en la última audiencia, la defensa habría demostrado que solo habrían existido dos comunicación con su número telefónico a una misma persona y que estas llamadas no habrían sido hechas por la mujer, sino por su cónyuge, quien además la habría amenazado, según consta en el expediente.

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En la diligencia, se tomaron en cuenta también versiones que indicaban que la procesada sería una persona que ha tenido problema de consumo de sustancias estupefacientes y que por ese motivo también estuvo internada en una clínica de rehabilitación en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Para demostrar eso, fueron presentados documentos, aunque estos no contaban con la verificación de firmas.

Por los nuevos elementos que favorecerían a la mujer y por la falta de fuerza en las acusaciones que en principio hacía la Fiscalía, se resolvió que se sustituya la prisión preventiva que se había ordenado inicialmente en su contra. "Si se toma en consideración esta documentación como el certificado del Registro de la Propiedad, el certificado de trabajo, una vez que este juzgador ha determinado que existen elementos que antes no se habían justificado, que han desaparecido las causas que dieron origen a la medida, en relación al riesgo procesal, se acepta la sustitución de la medida cautelar", ratificó el magistrado, de acuerdo a los documentos legales.

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