Los cinco sospechosos de presunto tráfico de influencias, detenidos la madrugada del martes tras 31 allanamientos en Cotopaxi y Pichincha, recibieron cargos la noche del martes en una audiencia realizada en el Complejo Judicial norte de Quito.

Dos de los procesados recibieron prisión preventiva. A los otros tres implicados les dictaron medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentación periódica ante el fiscal que lleva la causa.

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La diligencia inició a las 19:30 del martes 14 de noviembre en la Unidad de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. En la audiencia estuvieron presentes los cinco aprehendidos en el operativo “Lex” que se hizo en las oficinas de la Judicatura de Latacunga y Pujilí, Prefectura de Cotopaxi, Fiscalía de Saquisilí y Salcedo, Centro de Atención Ciudadana y Patronato Provincial de Cotopaxi.

La audiencia se prolongó por cerca de cuatro horas. El juez Vicente Fernando Hidalgo a cargo del caso conoció los detalles de la investigación que duró 10 meses y que fueron expuestos por el fiscal Washington Bolívar Burbano Campos de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El fiscal indicó en la audiencia la investigación previa inició el 22 de febrero de 2023, tras una denuncia presentada en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la institución. Señaló que durante las investigaciones se evidenció la participación de servidores de Fiscalía y Consejo de la Judicatura, que habrían ejercido influencia en funcionarios públicos para obtener un beneficio económico, a fin de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal. Una vez finalizada la audiencia de formulación de cargos el juez dio paso al inicio de la instrucción fiscal.

La noche del martes, desde las 19:30 se reunió de forma virtual el pleno del Consejo de la Judicatura. Ese organismo por unanimidad resolvió remover de su cargo a la directora provincial en Cotopaxi. La funcionaria fue una de cinco personas detenidas la madrugada de este martes para investigaciones durante un allanamiento realizado en su domicilio y oficina.

La moción de remoción presentada por el presidente del Consejo Wilman Terán y tuvo cuatro votos de apoyo. En la próxima sesión del pleno del Consejo se conocerán los informes de la intervención dispuesta por la Judicatura.

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