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Decretan estado de excepción para El Oro y Guayaquil

El presidente Lasso firmó el decreto que limitará aforos y movilidad en la provincia del sur

El presidente Guillermo Lasso decretó este 14 de julio de 2021 el estado de excepción en la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil, para contener el avance de las variantes delta y delta plus de la COVID-19.

La medida entra en vigencia desde las 20:00 de hoy y se extenderá hasta las 23:59 del 28 de julio. El Gobierno considera que la aparición de estas cepas generan un estado de calamidad pública y por eso la medida.

Mientras dure el estado de excepción, se dispone la movilización de todas las entidades de la Administración Pública a las dos localidades en emergencia.

En el caso de Guayaquil, se limita la libertad de reunión y los aforos no podrán ser mayores al 50% en espacios cerrados y el 75% en espacios abiertos de atención al público. Sobre el tránsito, el decreto establece que el transporte público limitará su aforo al 50% y se dispone la libre circulación de vehículos privados, sin restricción de placa.

En El Oro, los aforos se limitarán al 25% de la capacidad en todos los locales de atención al público; se suspenden los permisos de uso progresivo, voluntario y alternado de de las instalaciones educativas, en aquellas instituciones que habían obtenido la autorización de las autoridades, y se mantienen las clases a distancia.

Se dispone el teletrabajo obligatorio tanto para funcionarios públicos como privados.

En el decreto, Lasso dispone la prohibición del transporte interprovincial desde El Oro a otras provincias del país, salvo excepciones. En esa localidad habrá un toque de queda vehicular y peatonal de lunes a jueves de 20:00 a 06:00 y viernes, sábado y domingo desde las 18:00 a las 06:00.

En El Oro el aforo del transporte público no podrá superar el 30% de su capacidad y los vehículos privados podrán circular libremente en los horarios en los que no hay restricciones de movilidad.

Lasso justifica la decisión de declara el estado de excepción, porque la Asamblea Nacional no ha debatido ni aprobado una ley que permita gestionar de mejor manera la pandemia mediante un instrumento de derecho no excepcional.