El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, declaró este martes 2 de julio un estado de excepción en varias provincias del país debido a la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 318, tendrá una vigencia de 60 días y abarcará seis provincias y un cantón de una séptima provincia.

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Las provincias incluidas en el estado de excepción son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, además del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.

La Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) ha respaldado esta decisión. La WJA, en su función de observadora jurídica, ha confirmado mediante un informe que el decreto se ajusta al marco constitucional del país. El principal objetivo de esta declaración es fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, protegiendo así la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas.

El estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa Azin incluye varias medidas específicas orientadas a combatir el crimen organizado y el terrorismo, y a proteger la seguridad ciudadana. Entre las medidas se encuentran:

Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas para ubicar y detener a personas pertenecientes a grupos armados organizados, así como confiscar materiales e instrumentos utilizados para cometer delitos.

Interrupción de la inviolabilidad de correspondencia: Se permitirá la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y correspondencia física o electrónica para descubrir y prevenir acciones ilícitas de grupos armados organizados.

Suspensión de la libertad de asociación y reunión: Esta medida permitirá a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas.

Requisiciones de bienes: Se autorizarán requisiciones de bienes, especialmente armas y explosivos de origen ilícito, en casos de extrema necesidad y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

El decreto también dispone la movilización e intervención continua de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar las medidas extraordinarias del estado de excepción, de manera temporal y subsidiaria.

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