El crimen organizado ha mostrado el crecimiento de su poder al atentar, ahora, contra las máximas autoridades de Gobiernos Municipales. El mensaje es claro: no me importa el Estado, yo tengo más poder.

El Concejo Cantonal de Durán sesionó virtualmente el viernes 19 de mayo, “con el propósito de salvaguardar la seguridad de todos los participantes”, informó el Municipio en Twitter. La medida demuestra un comprensible temor, pues cuatro días antes el alcalde de esa ciudad, Luis Chonillo, sufrió un atentado.

En el cantón Playas, las cosas no están mejores. Luego de que el empresario Eduardo Omar Freire Vélez fuera asesinado en el parqueadero del Cabildo, el 16 de mayo, amenazaron al principal funcionario.

“Temo por mi vida, la de mi familia y la de cada uno de los concejales. Sabemos que esto está sucediendo en la mayoría de alcaldías electas”, expresó el personero municipal, Gabriel Balladares, durante el desarrollo de la Mesa de Seguridad, Justicia y Derecho, realizada el jueves 18 de mayo en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

En esa misma cita, en un tono enérgico, el gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, dijo que “hay una orden del presidente de la República, que se les dé protección a todos los alcaldes. Yo me voy a encargar de que eso ocurra aquí en la provincia”.

Esta respuesta del Gobierno puede dar algo de tranquilidad a las recién posesionadas autoridades en cada ciudad, ¿pero es suficiente para evitar más atentados?

Franklin Galarza, exalcalde del cantón Morona y expresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), opinó que los alcaldes deben contar con seguridad policial, pero de forma focalizada.

“No cabe que todos los 221 alcaldes del país tengan la custodia de un contingente de policías, no todos los cantones viven una misma realidad”, aclaró. Por eso, en su criterio, este resguardo debe ser para los casos críticos, previo a un análisis técnico de riesgo.

Para Galarza, quien estuvo en funciones hasta el 13 de mayo, no solo es el Estado quien debe responder ante actos criminales de este tipo. Recalcó que es el Gobierno quien tiene la competencia de seguridad, pero que hay aspectos en los que cada alcalde debe trabajar para reforzarla.

“Lo que sí puede hacer el Municipio, como lo hemos hecho en mi caso, en Morona, es invertir en postes inteligentes, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, bocinas. Hemos entregado patrulleros a la Policía Nacional, para que acudan a las llamadas de auxilio”, comentó.

También apuntó hacia otro tipo de trabajo, que tiene que ver con lo social y la prevención de la violencia, con la ejecución de campañas educativas en colegios, escuelas y barrios.

Para la abogada María José Cevallos, especialista en Derecho Penal, que las bandas atenten contra los alcaldes podría tener su origen en la corrupción y el crimen organizado.

“Puede pasar que estas autoridades, o las personas que quieren ocupar esos cargos, estén relacionados con criminales, o que estos delincuentes quieren que se asocien a estas bandas y de alguna manera respondan a ellas”, refirió.

Frente a eso, recomendó que lo prioritario es disponer políticas públicas en contra de la corrupción, teniendo como punto clave fortalecer el sistema de administración pública.

“Esto permite que las actividades de los funcionarios sean totalmente transparentes y abiertas a la ciudadanía. Con ello podría verificarse o advertirse cualquier irregularidad. Si el crimen organizado no puede corromper a los alcaldes, entonces no habría ningún deseo de querer llegar hacia esa autoridad”, explicó.

Con ella concuerda el colombiano Fernando Tapias, experto en seguridad y quien preside Zehirut Group, organización internacional de consultoría en ese ámbito. El especialista enfatizó la importancia de tener una política de transparencia, incluso, para todo el personal de una alcaldía y no solo su cabeza principal.

Esta estrategia funciona en la medida en que se logre establecer cuáles son los cargos críticos dentro de las alcaldías que se prestan para actos de corrupción. Luego, realizar evaluaciones medibles de confiabilidad.

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“Las estadísticas nos muestran que más o menos una de cada cuatro personas no es confiable. Es decir, que esa persona, si hay la oportunidad, va a buscar enriquecerse o manejarse de manera individual como sea”, analizó.

Indicó que, adicionalmente, cada alcalde debe tener en cuenta qué necesita para su seguridad. El experto comentó que en su país estas autoridades tienen presupuesto para carros blindados, seguridad que les proporciona el Estado, pero también ellos generan su esquema y plan de seguridad.

“Han ocurrido atentados con bombas, graves, pero hace algún tiempo no hay muerte de alcaldes porque todos, de alguna manera, se cuidan (...). La Policía tiene una dirección nacional de protección y evalúan a todas las personas que necesitan seguridad, de acuerdo a su nivel de amenaza, y se las ponen”, precisó.

El mexicano Ricardo Márquez Blas, también experto en seguridad, doctor en Sociología y consultor independiente, hizo hincapié en que, si no se dispone una acción rápida frente a estos ataques, en el corto y mediano plazo la situación se podría agravar.

“Qué tanto empeore dependerá directamente de la rapidez y decisión con que actúen las autoridades responsables. Un buen punto y sitio para empezar sería intentar recuperar la gobernabilidad de las cárceles, las cuales claramente están bajo el control de grupos criminales”, expresó.

También argumentó que los ataques contra alcaldes son un indicador del nivel de fortaleza alcanzado por las bandas y su percepción de que pueden salirse con la suya. Y así seguirán las cosas si no se actúa pronto.

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