La estafa de Biscayne Capital, una firma de asesoría de inversiones en EE. UU. dirigida por el empresario guayaquileño Roberto Gustavo Cortés Ripalda, generó pérdidas estimadas entre 150 y 250 millones de dólares. 

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Así lo concluyeron Glenn S. León, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU.; Breon Peace, fiscal del Distrito Este de Nueva York; y Margaret A. Moeser, jefa de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos. El 20 de septiembre, presentaron un documento ante la jueza Carol B. Amon solicitando que estos montos, junto con la falta de integridad de Cortés, se consideren en su sentencia.

Desde 2022, Cortés ha sido procesado por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. En septiembre de 2023, se declaró culpable y admitió ser el líder de los llamados "Miami Boys", un grupo que incluía a Ernesto Weisson Pazmiño, ecuatoriano, y Fernando Haberer, uruguayo, también procesados en EE. UU. La Fiscalía acusó a este grupo de llevar a cabo un esquema fraudulento a gran escala.

Según el fiscal Peace, Biscayne Capital, que comenzó como una firma legítima, se convirtió en un esquema Ponzi tras la crisis financiera de 2008, utilizando dinero de nuevos inversores para pagar a los más antiguos.

En su declaración de culpabilidad, Cortés admitió que entre 2013 y 2018 participó en un plan para engañar a los inversores de Biscayne Capital, haciéndoles creer que su dinero se destinaba a proyectos inmobiliarios, cuando en realidad se utilizaba para cubrir deudas anteriores. 

Aunque Cortés intentó desmarcarse afirmando que desde 2016 ya no controlaba la situación, los fiscales rechazaron esta versión y aseguraron que continuó siendo parte del esquema hasta su colapso en 2018.

Biscayne Capital, antes de declararse en quiebra, gestionaba más de 30 empresas en EE. UU. y paraísos fiscales. En Ecuador, firmas como Ventura y Capital Ventura estuvieron vinculadas a la red, y en 2014 participaron en operaciones con bonos del Isspol, ahora bajo investigación.

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