El gobierno de Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. La medida, anunciada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se da por un acuerdo bilateral de seguridad.

Los detenidos arribaron al aeropuerto internacional de El Salvador y fueron escoltados bajo un fuerte operativo de seguridad hasta el CECOT, la megacárcel construida por el gobierno de Bukele para albergar a pandilleros. El presidente detalló que los prisioneros permanecerán en el centro por un periodo inicial de un año, renovable según el acuerdo con Washington.

El traslado de los presuntos criminales ocurre tras una reunión en febrero entre Bukele y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. El acuerdo incluye la deportación de delincuentes convictos que representan una amenaza para la seguridad estadounidense. Además del Tren de Aragua, el gobierno estadounidense envió a 23 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos líderes de la organización.

Controversia por aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros

La deportación ocurre en medio de una controversia legal en EE.UU., luego de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para agilizar la expulsión de presuntos criminales extranjeros. Según New York Times, la medida fue desafiada en tribunales y un juez federal ordenó la suspensión de las deportaciones el sábado, aunque algunos vuelos ya estaban en curso.

El juez había establecido una orden para que los vuelos con migrantes que hubieran partido bajo esa ley debían regresar a EE.UU. Sin embargo, el gobierno estadounidense argumentó que la medida es esencial para la seguridad nacional y defendió la acción como una respuesta a la "guerra irregular" que el Tren de Aragua estaría llevando a cabo dentro del país. 

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La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) es una normativa de EE.UU. promulgada en 1798 que otorga al gobierno la facultad de detener, deportar o restringir a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra o conflicto. Ha sido aplicada en las dos guerras mundiales, para controlar a personas consideradas una posible amenaza para la seguridad nacional.

Respuesta ante la controversia

En febrero, la administración de Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global. Este grupo se formó en 2014 en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua. Su actividad criminal se ha extendido a países como Colombia, Chile, Perú y EE.UU., con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y trata de personas. 

Washington sostiene que la pandilla ha utilizado los flujos migratorios venezolanos para infiltrarse en EE.UU. y operar como un brazo clandestino del gobierno de Nicolás Maduro. Ante la controversia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno “no se negó a cumplir una orden judicial”.

Reacción de Venezuela

El gobierno venezolano condenó la acción de EE.UU. y acusó a Trump de criminalizar a los migrantes. En un comunicado expresaron que se "rechaza la aplicación de una ley anacrónica violatoria de los derechos humanos e ilegal, contra nuestros migrantes".  Además, se acusó a figuras opositoras como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni y Leopoldo López de solicitar sanciones que afectan a toda la nación.

También se instó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a denunciar esta decisión a nivel internacional. Asimismo, defendió a los migrantes venezolanos, argumentando que su salida del país fue motivada por la crisis económica derivada de sanciones impuestas a su economía.

La situación sigue en desarrollo, con apelaciones legales en EE.UU. y un debate abierto sobre los alcances de la medida. Las repercusiones de este caso podrían influir en futuras decisiones sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y migración.

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