Antonio Rubén P. D. y Jordán Ramón V. P. fueron sentenciados a 15 años de pena privativa de libertad por la tentativa de asesinato en contra de Edison Manjarrés, ocurrida el 13 de julio de 2022 cuando la víctima se desempeñaba como vicealcalde del cantón Atacames, sur de la provincia de Esmeraldas.

Al momento del intento de asesinato, Manjarrés se encontraba dentro de un gimnasio ubicado en el centro de Atacames.

Según testigos, cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercaron al sitio y dispararon contra la autoridad municipal, quien se salvó de ser baleado gracias a la intervención de sus guardaespaldas.

“La Policía que patrullaba el sector realizó la persecución de los atacantes y dos de ellos fueron aprehendidos en una vivienda, ubicada en los alrededores del mercado de Atacames y los otros dos fueron interceptados en la vía Atacames-Tonsupa”, detalla un comunicado de la Fiscalía.

Dos de los involucrados son menores de edad, por lo que fueron procesados de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, dio a conocer la Fiscalía.

Hicieron seguimiento fotográfico a la víctima

Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó la pericia realizada al contenido de uno de los celulares de los involucrados en el hecho, en el que se establecía la planificación del atentado armado con un previo seguimiento fotográfico a la víctima.

En uno de los mensajes expuestos en audiencia de juicio se mencionó: “pilas, que los dos guardaespaldas, están armados, carga un chofer, pero el chofer no está armado, hay que cerciorarse del que el chofer no esté armado para que no vayan a salir arrollando a la gente”.

A esto se sumaron los testimonios de los agentes aprehensores, el informe de valoración médico legal, la pericia de audio, video y afines de los teléfonos celulares aprehendidos, la pericia de audio, video y afines de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias físicas.

También se presentó la prueba pericial balística y revenido químico y el testimonio anticipado de la víctima, en la que afirma que recibió amenazas y fue víctima, previamente, de otro atentado contra su vida.

Además de los 15 años de prisión, los jueces impusieron a los sentenciados una multa de 700 salarios básicos unificados y el pago de $ 15.000 dólares como reparación integral material a favor de la víctima.