Dos policías son investigados por el delito de concusión. El procedimiento judicial iniciado en contra de los agentes se originó luego de que una ciudadana denunciara que los uniformados, supuestamente, le solicitaron 800 dólares para devolverle un camión que había sido robado en Guayaquil.

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En un comunicado, la Fiscalía indicó que el esposo de la señora fue víctima de un asalto, durante el cual le suministraron escopolamina para poderle sustraer el camión. El hecho ocurrió el reciente lunes 16 de septiembre de 2024.

Posteriormente, el transporte de carga apareció en la provincia de Santa Elena. Luego, los gendarmes que ahora son investigados presuntamente se comunicaron con la mujer ofreciéndole no llevar el camión hacia bodegas policiales y entregárselo directamente, evitándole realizar trámites para poder retirarlo, pero a cambio de la cantidad de dinero señalada.

La señora informó de lo ocurrido a la Policía Nacional. Pero además, quedó de acuerdo en verse con los agentes policiales que le pedían el dinero, a fin de que puedan ser descubiertos. El encuentro se dio en una gasolinera en Santa Elena.

"La mujer les indicó que solo tenía 400 dólares y que el resto lo llevaría otra persona que se encontraba cerca. Esta persona simuló una llamada e informó a los policías de la Unidad de Inteligencia sobre la ubicación de los sospechosos", señaló la Fiscalía.

Los uniformados señalados fueron encontrados en un patrullero. En ese momento indicaron haber estado en un procedimiento. Cerca fue ubicado el camión y parte del dinero que les había dado la víctima. Los agentes fueron detenidos y las evidencias fueron retenidas.

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En la audiencia efectuada contra los policías, el jueves 19 de septiembre, la fiscal a cargo del caso presentó como elementos de convicción: los partes informativos y de aprehensión, la versión de agentes aprehensores, el informe pericial del reconocimiento del lugar de los hechos, la denuncia y la información obtenida del teléfono celular de la víctima, entre otros.

Contra los agentes se dictaminó medidas cautelares como la presentación ante el fiscal que llevará el caso y la prohibición de salida del país. También se estableció que la instrucción fiscal tenga una duración de 30 días.

La Fiscalía informó que los sospechosos fueron procesados por el delito de concusión que, según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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