La obtención de carnés de discapacidad en forma fraudulenta continúa trayendo cola en el país. El tema se ha convertido en la comidilla en estos últimos días en las redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su indignación ante esta situación.

La importación de vehículos de alta gama al Ecuador haciendo uso de este tipo de documentos, es una de las acciones más cuestionadas por la ciudadanía, que no aguanta 'paro' ante este tipo de ilegalidades. Tal el es el descontento que, incluso, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Salud que inicie un sumario, destitución y denuncia al personal de la institución pública implicado en la emisión de 2.281 carnés falsos.

Mientras que la Fiscalía, en cambio, inició una investigación de oficio por el presunto delito de delincuencia organizada, para determinar quiénes son los responsables en la entrega irregular de carnés. El Pleno del Consejo de la Judicatura también se puso 'pilas' y ordenó que en la entidad se indague rigurosamente a servidores judiciales que se hayan beneficiado en dicha trama.

A la par de estas investigaciones formales, desde la Asamblea se espera que autoridades del Conadis (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) expliquen cómo se originó el otorgamiento de estas credenciales y la importación de carros a través de ellas, de acuerdo a la competencia de ambas entidades.

La legisladora Marcela Holguín presentó un borrador de una resolución en la que pide la comparecencia virtual de los titulares de ambas carteras de Estado. "También enviaremos un pedido de información a Salud para que remita la lista de personas que obtuvieron el carnet de discapacidad en los últimos 3 años, tipo de discapacidad, porcentaje de la misma y quién calificó ese porcentaje", precisó Holguin en su cuenta en Twitter.

Sugerencia

Para el máster en seguridad, psicofisiólogo forense y poligrafista, John Garaycoa, una de las formas de evitar que esta problemática continúe ocurriendo es exigiendo a los funcionarios públicos a que se sometan a pruebas con polígrafos.

"No sólo se debe controlar a policías con el polígrafo, también a militares, políticos, funcionarios en general y en especial a los de compras públicas, a jueces, fiscales, etc. No solo al demandado, también al demandante", recalca Garaycoa.

Considera que los servidores públicos de la administración de justicia debería tener un departamento con expertos que manejen esta herramienta, para garantizar que tanto los fiscales como los jueces actúen apegados a la verdad.