La denuncia contra el presidente Daniel Noboa por presunto inicio irregular de campaña desde el Palacio de Carondelet fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Henry Cucalón, también candidato a la presidencia por el movimiento Construye, interpuso una acción por incumplimiento normativo.

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“El árbitro de este proceso debería ser el CNE, pero ha sido un árbitro mudo”, señaló Cucalón. Además, recordó que la ley establece que ningún funcionario público puede ejercer su cargo mientras es candidato, normativa que debería ser supervisada por el órgano electoral. Según el reclamo, Noboa habría infringido el artículo 93 del Código de la Democracia, que exige a los funcionarios en campaña solicitar licencia sin sueldo.

Noboa se dirige a sus simpatizantes desde Carondelet

El pasado 5 de enero de 2025, Noboa recibió a simpatizantes en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en un acto donde el edificio estuvo adornado con banderas de Ecuador y se usaron altoparlantes. Durante su discurso, el mandatario habló sobre las elecciones de febrero y expresó su confianza en la victoria, pidiendo respaldo a los presentes.

A pesar de haberse iniciado oficialmente la campaña electoral, Noboa continúa ejerciendo funciones sin haber solicitado licencia, basándose en una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional de 2010.

Por su parte, Cucalón explicó que la acción de incumplimiento presentada al CNE es solo el primer paso para demandar su intervención. “Exigimos al CNE que actúe; si no lo hace, el siguiente paso será acudir a la Corte Constitucional”, afirmó.

El PSC exige acciones al CNE

El Partido Social Cristiano (PSC) también se pronunció sobre el tema. A través de un comunicado, afirmó que el incumplimiento de Noboa es “público y notorio” y solicitó al CNE que presente una denuncia formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como lo establece el artículo 25 del Código de la Democracia.

El 4 de enero, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, señaló que el organismo carece de facultades coercitivas para sancionar a los candidatos que incumplen las normas, aunque sí puede remitir el caso al TCE para su resolución.

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