La Justicia de EE.UU. decidirá la extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) en cuestión de días, según indicó este viernes el juez que lleva el caso, más de dos años después de la detención del exmandatario.

En una breve audiencia de menos de dos horas y tras escuchar los argumentos finales de la Fiscalía de EE.UU. (en representación del Gobierno de Perú) y del abogado de Toledo, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, aseguró que tomará una decisión en cuestión de días.

Aunque el juez no dio pistas acerca de en qué sentido se posicionará cuando dicte su orden, durante la vista de este viernes se mostró muy escéptico con los argumentos de la defensa, según los cuales el expresidente peruano no sabía de dónde procedía el dinero con el que un tercero pagó las hipotecas de dos de sus propiedades.

También como parte de la estrategia de defensa, el abogado de Toledo, Graham Archer (nombrado de oficio al asegurar el expresidente que no puede pagarse a un letrado), puso en duda la credibilidad de los dos principales testigos contra Toledo en el caso que se está investigando en Perú: el empresario israelí Josef Maiman y el exempleado de Odebrecht Jorge Barata.

Según Archer, sus testimonios son "inconsistentes y contradictorios" y no permiten elaborar una "causa probable" contra el expresidente peruano tal y como sostiene la fiscal, Rebecca Haciski.

"Suficientes indicios"

Haciski, por su parte, apuntó que en un juicio de extradición no cabe entrar a valorar la credibilidad de los testigos y basta con determinar que existen suficientes indicios de que Toledo participó en actos de conspiración y lavado de dinero para proceder a entregarlo a las autoridades peruanas.

Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.

El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, ha sido pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida ha solicitado más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.

A principios de este mes, Archer sorprendió con un argumento de lo más pintoresco para defender a su representado, según el cual la supuesta "falta de paciencia" de Toledo es una prueba de que no recibió sobornos multimillonarios.