Los ecuatorianos volverán a pronunciarse sobre la extradición en el referéndum convocado para este domingo por el presidente Daniel Noboa, en medio de una crisis de violencia sin precedentes que persiste pese a la declaratoria de "conflicto armado interno" con la que el Gobierno busca combatir al crimen organizado.

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Esta vez se propone una enmienda a la Constitución que permita la extradición de nacionales que cometan crímenes en el extranjero, se refugien en Ecuador y que sean requeridos por la Justicia de esos países, salvo en casos de delitos políticos y conexos, o cuando la pena sea la muerte u otros castigos inhumanos, crueles o degradantes.

Se trata de una pregunta con un alcance mayor a la planteada por el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) en un referéndum similar celebrado hace catorce meses, que solo incluyó delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y que fue rechazada por más del 51 % del electorado. En la propuesta de Noboa se incluyen otros crímenes como asesinato o violación.

"Lo que va a permitir la extradición es que estos actos contrarios a la ley no queden en impunidad, porque lo que pasaba es que ecuatorianos regresaban al país y, tomando en cuenta que no son extraditables, sus casos no eran susceptibles de juzgamiento", explicó a EFE el constitucionalista André Benavides.

El abogado afirmó que lo más importante es que permitirá que "aquellos que cometen delitos transnacionales puedan ser juzgados en otros países que tienen otros procedimientos y mejores garantías y van a permanecer en esas cárceles cumpliendo su sentencia".

Además, señaló que la principal razón por la que los votantes rechazaron la pregunta en 2023 fue porque la consulta estuvo condicionada a la aceptación y popularidad del expresidente Lasso, no necesariamente por el contenido de la propuesta.

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Benavides cree que esta y otras preguntas del referéndum, especialmente la que permite el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en la lucha contra la delincuencia, buscan dar "una alternativa" y "una respuesta" a los problemas que vive Ecuador, aunque aclaró que el Gobierno debe ir más allá y atacar la raíz del conflicto.

Luis Astudillo, magíster en política criminal, es más escéptico y descartó que esta sea una herramienta efectiva en la lucha contra la delincuencia, especialmente la ligada al narcotráfico, que es la que, según la Policía, es la causante de la violencia en el país.

"Hemos conocido casos de figuras relevantes en el crimen organizado que han sido extraditadas a Estados Unidos. ¿Ha cambiado eso el panorama de la delincuencia? No, porque lastimosamente la guerra contra las drogas está perdida. Capturaron y extraditaron a los capos colombianos y mexicanos y surgieron otros en su lugar", cuestionó.

El especialista dijo que en el pasado existía un "fuerte terror" hacia la extradición pues no se conocía cómo era el sistema de justicia estadounidense. "Ahora vemos que no se trata de un sistema perfecto y que cada vez más los delincuentes internacionales tienen la posibilidad de llegar a acuerdos de cooperación", señaló.

En el caso de Ecuador, dice, si la extradición estuviera aprobada, líderes criminales como el prófugo narcotraficante José Adolfo Macías ('Fito'), líder de la banda criminal Los Choneros, o Leandro Norero, que fue asesinado en 2022 en una cárcel, pudieron haber sido extraditados a otros países.

No obstante, Astudillo cree que si delincuentes como 'Fito' le tuvieran miedo a esta figura no hubieran escapado a otro país donde tiene probabilidades de ser extraditado, como sucedió con Wilder Sánchez ('El Gato' Farfán), o con Washington Prado ('Gerald'), quienes fueron llevados a Estados Unidos desde Colombia.

"Soy más partidario de una modernización del sistema de justicia y carcelario y de unas reformas legales lo suficientemente fuertes que no necesiten someterse a una consulta para que el delincuente tenga más temor de la Justicia ecuatoriana que a irse extraditado a cortes internacionales", señaló.

Además, indicó, la extradición no sería válida para narcotraficantes de mandos medios o bajos, pues no delinquen en el exterior, y apostó por equiparar las penas con las otros países y fortalecer una ley de extinción de dominio.

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