La situación fiscal del Gobierno ecuatoriano en 2023 se vio marcada por desafíos significativos, según el reporte reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Se observó una caída sustancial en los ingresos totales, equivalente al 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 4.500 millones de dólares.

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Este ajuste fue el más pronunciado en la región, siendo impulsado principalmente por la disminución de los ingresos petroleros, que representaron una pérdida de 3,4 puntos del PIB. La reducción en los ingresos petroleros se atribuye en gran medida al descenso de los precios del crudo a nivel internacional, con una disminución del 18 % en comparación con el año anterior.

Además, el aumento en la importación de combustibles también contribuyó a esta caída. La importación de combustibles representó un gasto considerable para el país, con un total de 6.794 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad se subsidió.

La producción petrolera también experimentó un declive en 2023, con una reducción del 1,2 % en comparación con el año anterior, lo que exacerbó los desafíos fiscales. Este panorama se vio agravado por otros factores, como la sobreestimación de ingresos y un menor dinamismo económico.

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Además de los problemas relacionados con los ingresos petroleros, el país enfrentó una disminución en los ingresos por impuestos, que se ajustaron en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Esto se debió en parte a reducciones en las tarifas de varios impuestos, como el impuesto a la salida de divisas (ISD), el impuesto a los consumos especiales (ICE) y el impuesto al valor agregado (IVA) para servicios turísticos durante ciertos feriados nacionales.

La inestabilidad política, especialmente tras la muerte cruzada que resultó en elecciones generales anticipadas, también contribuyó a la complicada situación económica en 2023. El nuevo gobierno, encabezado por Daniel Noboa, se vio obligado a hacer frente a pagos atrasados del Estado a proveedores y entidades públicas por un total de 4.500 millones de dólares al cierre del año.

Para abordar estos desafíos, el gobierno implementó dos reformas tributarias, que incluyeron el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15 %. Además, se alcanzó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.000 millones de dólares para hacer frente a la escasez de recursos.

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