A inicios de septiembre, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, organizó un almuerzo en su casa. Asistió Germán Cáceres y su familia. “Se les veía felices”, dice. No imaginó que días después empezaría una pesadilla, cuyo desenlace terminó con el asesinato de su hija y la búsqueda desesperada de su yerno como principal sospechoso en la desaparición y muerte de la abogada de 34 años.

“La Policía no me daba indicios de dónde está Germán. Cuando vi a su madre, me acerqué y le dije que si tiene contacto con su hijo, que me avise, que me entienda, porque ella tiene tres hijas”, comenta Elizabeth a EXTRA.

En Ecuador, según la estadística del Consejo de la Judicatura, desde agosto de 2014 a septiembre de 2022, existen 1.060 agresores involucrados en femicidios y asesinatos violentos a mujeres. El 60 % tiene entre 25 y 44 años. El reporte destaca que 136 han huido de la justicia, la mayoría desde la provincia del Guayas (ver infografía).

El 21 de septiembre, el cuerpo de Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua, norte de Quito, tras 11 días de desaparición. La autopsia reveló que murió por estrangulamiento y asfixia. El sospechoso, teniente de Policía e instructor de cadetes, armó una serie de coartadas para evitar ser detenido.

Falencias

Este caso abre nuevamente el debate sobre la existencia de garantías suficientes para que las investigaciones policiales y fiscales, especialmente aquellas que involucran la búsqueda de prófugos, se desarrollen con celeridad.

Elizabeth desconfía que las diligencias para dar con el paradero de Cáceres sean expeditas. “¿Qué seguridad tengo que un policía investigue a otro policía? ¿Qué seguridad tengo que un equipo de policías no aplique el espíritu de cuerpo? La única certeza que tengo es que mi hija entró el 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía (ESP) y no salió más”, explica.

El abogado del caso, Galo Quiñónez, cuestiona la cadena de errores y omisiones al interior de la ESP que impidieron la captura de Cáceres, quien estuvo ocho horas detenido pero solo con fines investigativos.

Quiñónez asegura que el primer error fue la demora de la Policía en notificar a la Fiscalía sobre las irregularidades al interior de la escuela. Si varios cadetes escucharon el pedido de auxilio de la joven abogada por casi 20 minutos, por qué no hicieron nada.

También menciona que Cáceres trató de impedir que agentes entraran a su cuarto a ver indicios, aunque ya había constancia de la aparición de una mancha marrón en el colchón, que era sangre. “La Policía, a pesar de conocer esto, no tomó cartas en el asunto de manera ágil y por eso hoy tenemos un prófugo de la justicia”.

El jurista también critica la demora en tomar declaraciones a la cadete Joselyn Sánchez, única detenida en el caso. “La traen a las 21:30 a rendir versión, pero Cáceres estaba a escasos minutos de salir. La Fiscalía no lo pudo retener porque hubiese sido ilegal, pero si la Policía hubiese tenido más agilidad con la versión de la cadete se hubiera podido formular cargos a tiempo”, explica.

No hay indicios concretos de dónde estaría Cáceres. Las investigaciones se mantienen en reserva. Eso sí, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que lo buscarán hasta “debajo de las piedras”. Ofreció una recompensa de 20 mil dólares a quien dé información. Hay alerta internacional y la disposición de buscarlo con la Ameripol (organismo policial del continente).

Otros casos muestran que muchos prófugos huyen hacia la frontera norte. Colombia y Venezuela serían algunos destinos. De hecho, a inicios de agosto, fue detenido Pedro Aníbal Yar en Popayán, acusado del femicidio de Julia Escobar en 2014. La Policía colombiana lo encontró en compañía de su nueva esposa.

Este Diario solicitó entrevistas con la Fiscalía, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) y la Policía Judicial (PJ), para conocer cuáles son las rutas más frecuentadas por los prófugos y la realización de tareas investigativas con otros países, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

El cuello de botella

Mayra Tirira, coordinadora de acciones legales en la organización Surkuna, explica que la administración de justicia tiene problemas al momento de la detención de los femicidas cuando no se trata de casos flagrantes como el de María Belén.

“Es fácil sancionar en casos donde está el agresor, el arma y el cadáver, pero en los femicidios, donde hay que demostrar una relación de poder sobre la mujer, los fiscales son tibios. Muchas veces se llega a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y después las autoridades se desentienden de la búsqueda del agresor”, menciona la abogada.

Desde su experiencia litigando casos a favor de las mujeres, Tirira asegura que los jueces dudan a la hora de emitir órdenes de prisión, hay rotación constante de fiscales especializados en género y muchos desconocen el tratamiento de casos con este enfoque. Esto radica en que un buen número de procesos por femicidio sigan siendo juzgados como asesinatos.

Tirira conoce bien el proceso de un duelo por femicidio y la búsqueda del agresor a mano propia. Su prima Johanna Cifuentes fue asesinada por un exnovio en 2006. El victimario huyó.

Ella junto con Slendy Cifuentes (hermana de la víctima) abrieron el caso y, después de una larga búsqueda, ubicaron por Facebook al femicida, quien se radicaba en Venezuela. Diez años después del crimen, fue detenido y extraditado a Ecuador, donde actualmente cumple una condena de 24 años.

“Descubrimos que se fue del país por frontera legal, registrándose por Rumichaca, tan solo tres meses después de la muerte de Johanna”, cuestiona.

Lupa en derechos humanos

El abogado penalista Stalin Raza explica que no se puede dictar sentencia a quien está prófugo de la justicia. El proceso se suspende hasta que se presente voluntariamente o sea localizado. También hay procesos en los que la pena prescribe.

En el caso de María Belén Bernal, asegura que si Cáceres es localizado podría enfrentar una pena entre 26 y 32 años (con agravantes), aunque aclara que si hay delitos de por medio, la legislación ecuatoriana establece una pena máxima de 40 años.

A su criterio, este hecho debe analizarse “con la lupa de derechos humanos” porque involucra una responsabilidad del Estado al ocurrir el crimen en un recinto policial.

La reparación a la familia debe ser integral, según Raza. Deben brindarles apoyo psicológico permanente, económico y, sobre todo, una respuesta clara de lo ocurrido, que incluya la detención del implicado.

Mientras esto ocurre, la familia de María Belén vive un duelo inconcluso, una pérdida irreparable a causa de la violencia. Elizabeth Otavalo llora junto al féretro de su hija y jura ante un país consternado que su hija no será una estadística más y el responsable deberá pagar por su muerte.

Otras historias

Justicia a paso de tortuga

El caso de Bernal, cuyo supuesto agresor huyó, no es el único. Ana (testigo protegida de la Fiscalía) perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser atacada presuntamente por su pareja, Danilo Ubeimar, en marzo de 2022.

Él huyó 40 minutos después de dejarla malherida y asesinar a machetazos y disparos a su suegra, su yerno, su cuñada y su hija, de 8 años.

Anderson Toro, primo de la víctima, aspira a ver a este hombre tras las rejas. Asegura que pobladores de las comunidades fronterizas de la provincia de Carchi, donde ocurrió este asesinato múltiple, rumoran que el agresor es encubierto por la familia y que se lo ha visto merodear en las comunidades de Bolívar y Julio Andrade.

Le sorprende cómo la Policía, conociendo este “secreto a voces”, no ha detenido al sospechoso. “No hace nada la Policía. Hasta ahora no hay resultados (...) La atención para nosotros que somos personas de bajos recursos es escasa, para las clases sociales hay preferencia”, cuestiona.

Anderson solo cree en la justicia divina. “Éramos una familia muy unida, estábamos ligados a un lado sentimental muy profundo. Nos acabaron la mitad de la felicidad. Es complicado que mañana riamos o seamos felices”, lamenta.

146 Femicidas se han quitado la vida luego del crimen sin ser juzgados.

El paradero de Germán Cáceres es incierto y hasta se ha ofrecido una recompensa para detenerlo. Como él, en Ecuador hay un reporte de que 136 sujetos han huido tras cometer el femicidio.

Sin rastros

En Ecuador hay la lista de Los Más Buscados y, según Fiscalía, en esta se encuentran los nombres y fotos de 12 implicados en femicidios.