Las autoridades de seguridad de Ecuador visitaron El Salvador para estudiar de cerca la estrategia que ha marcado un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en ese país centroamericano: el Plan Control Territorial. Esta política, impulsada desde 2019 por el presidente Nayib Bukele, ha sido fundamental —según la narrativa oficial— en la drástica reducción de los homicidios y la desaparición de estructuras pandilleriles en las calles.

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La reunión se llevó a cabo entre el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, y los ministros ecuatorianos del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Según comunicó la Presidencia de El Salvador, los representantes ecuatorianos “manifestaron su interés en conocer de primera mano la estrategia de seguridad ejecutada a través del Plan Control Territorial”.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave relacionados con la cooperación regional en materia de seguridad. “Se intercambiaron experiencias para fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, con el objetivo de combatir la criminalidad internacional”, indicó la fuente oficial.

¿Qué resultados muestra El Salvador con esta estrategia?

Desde el inicio de la administración Bukele en 2019, las cifras oficiales muestran una marcada disminución en los índices de homicidios. Mientras que en 2015 El Salvador registró una alarmante tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes —una de las más altas del mundo—, en 2024 el número total de homicidios fue de 114, lo que representa una baja del 26 % respecto a 2023.

Además, la población ha reportado mejoras en su entorno cotidiano, destacando la casi desaparición de pandillas en barrios históricamente controlados por estas organizaciones.

El Plan Control Territorial ha estado acompañado del régimen de excepción, una medida que suspende derechos constitucionales como la defensa legal, la inviolabilidad de las comunicaciones y permite detenciones administrativas por hasta 15 días. Desde su implementación, esta herramienta ha sido extendida por la Asamblea Legislativa en 37 ocasiones, lo que ha generado preocupación entre analistas y organizaciones de derechos humanos.

Pese a las denuncias sobre abusos, como muertes bajo custodia estatal y detenciones arbitrarias, el Gobierno defiende su postura. Bukele afirma que se ha logrado “desbaratar” el funcionamiento de las pandillas con más de 85.500 arrestos.

¿Podría Ecuador adoptar un enfoque similar?

El interés de Ecuador en replicar elementos del modelo salvadoreño no es casual. El país sudamericano atraviesa una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico y bandas criminales que han puesto en jaque la seguridad pública. La visita oficial a El Salvador puede marcar el inicio de un acercamiento estratégico más profundo, aunque adaptado a su propia realidad.

Para países con altos índices de criminalidad, el caso salvadoreño despierta tanto admiración como advertencias. El desafío para Ecuador será, de seguir este camino, equilibrar resultados en seguridad con el respeto a los derechos fundamentales.

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