El sector productivo ecuatoriano se cansó. Después de ‘poner’ 14 muertos, unos 400 trabajadores y empresarios heridos, a más de registrar un perjuicio económico superior a los dos millones de dólares en lo que va de este año, representantes de varios gremios se unieron para reclamar al Gobierno por seguridad.

En una comparecencia que juntó a dirigentes del sector camaronero, agrícola, ganadero y textil, protestaron porque la delincuencia “hiere de muerte” a muchos empresarios. Asimismo respaldaron a la Policía en su reclamo por el actuar de la justicia, al dejar libres a varios detenidos.

“A lo largo de 2022 y lo que va de 2023, el sector exportador de cacao se ha visto duramente afectado por la inseguridad (...) y ha sido necesario contratar sistemas de seguridad y custodia para el adecuado traslado de la carga al puerto, aumentando los costos logísticos”, aseguró Merlyn Casanova, directora ejecutiva de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao).

José Antonio Camposano, presidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex, que agrupa a estos sectores productivos), exigió que “el Estado, en su conjunto, actúe combatiendo la delincuencia de manera frontal, controlando las zonas de alta peligrosidad que están perfectamente identificadas”.

Agregó que ese trabajo debe ser acompañado de una correcta administración de justicia, “ya que no sirve de nada que la policía capture a los delincuentes y la Función Judicial los absuelva, poniendo en riesgo a las víctimas que se atrevieron a denunciar. Ya no queremos más víctimas que lamentar”.

Entre otros puntos, los empresarios reclaman al Gobierno más patrullajes vía terrestre y fluvial, fortalecer el área de inteligencia de la Policía, sumar esfuerzos con las Fuerzas Armadas para contrarrestar los casos de extorsión y secuestro, y que “se autorice, vía norma técnica, el porte de armas de largo alcance para uso de guardias de empresas de seguridad”.

A la Asamblea le piden, en cambio, que cree normativas “que protejan a las víctimas y no a los victimarios”; mientras insta a la Función Judicial a que “destituya a los jueces que dictan medidas sustitutivas a delincuentes”, lo que afecta en gran parte la acción policial.