Las lágrimas de Carmen Segura son de dolor y decepción. Ella es la sobrina de tío Pijo (José Alfonso Branda Quiñónez), el hombre de 58 años, quien no fue registrado al nacer y padecía de una cirrosis (patología hepática) que se transformó en cáncer.

Diario EXTRA contó su historia el 20 de octubre del presente año y desde entonces Carmen asegura que estableció contacto con personal del Registro Civil de Guayaquil (RC), institución que la acercó a la Defensoría del Pueblo, organismo que gestionó el accionar de la Defensoría Pública.

“Todo fue en vano. Me tenían como la pelota. Así deben hacer con las personas pobres como nosotros, que no sabemos qué trámites hacer. Nos citan un día, pero no saben que no tenemos ni para movilizarmos”, dice entre rabia y dolor.

La mujer, de 42 años, cuenta que su tío falleció el 30 de noviembre pasado, a las 18:00.

“Pensé que iba a reaccionar porque nos hizo pasar sustos. Igual alcanzó a despedirse y desde su cama nos animaba, nos decía que seamos fuertes. No le interesaba ser inscrito aquí en la tierra, porque afirmaba que su nombre está inscrito en el libro de la vida, el libro de Dios. Él se fue con el Señor. Solo al Creador le dejo todo este quemeimportismo”, señala la pariente, quien en su desesperación contrató los servicios de una funeraria que le ayudará con los respectivos trámites, ataúd y bóveda en el cementerio del suburbio.

Para ello debe reunir 400 dólares. “No sé de dónde sacar, pues no confío en los ofrecimientos de nadie, pues te dicen te vamos a ayudar y a la hora se hacen los desentendidos, por eso los contraté. Ahora no sé ni cómo voy a pagar”, expresa un tanto angustiada.

Inscripción tardía

Respecto al trámite en curso, Carmen indica que el 24 de noviembre el abogado asignado por la Defensoría Pública del Guayas ingresó la petición de inscripción tardía del señor Branda a la Unidad Judicial Valdivia (sur), la cual por no haber reunido los requisitos que dispone la ley, el juez dispuso completar la misma en el término de 5 días. El tiempo no alcanzó y tío Pijo no resistió.

Mirelli Icaza, delegada provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, sostiene que conocieron del caso a finales de octubre y que no están facultados para llevar a cabo la demanda en la vía ordinaria, lo de ellos tiene que ver con las garantías constitucionales, pero se comprometieron a establecer contacto con la Defensoría Pública, solicitarle que actúe y hacerle seguimiento.

“Le indicamos al familiar los pasos a seguir y como nos dimos cuenta que no sabía qué trámites realizar, un servidor nuestro la acompañó hasta la otra institución y se remitió un oficio formal para que atiendan el caso, explicándole la vulnerabilidad de la persona”, menciona la funcionaria.

EXTRA acudió hasta la Defensoría Pública del Guayas y se nos indicó que su titular, Jonathan Vanegas, no está autorizado para referirse al tema. 

“Negación de derechos”

El caso evidencia dos situaciones graves en tema de Derechos Humanos, el estructural y operativo. 

El primero se refiere a la condición de vida de este sujeto que pasó invisible. “Este caso permite visibilizar todo el escenario de negación de derechos por su condición económica, porque aquí hay pobreza que provoca esta ausencia de reconocimiento jurídico”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

El segundo es la negligencia de parte de la institución que conoce el caso, lo atiende y demora excesivamente en su tramitación, considerando la situación de altísima vulnerabilidad. “Hay funcionarios insensibles en relación a las condiciones de los usuarios. Las personas en condición de pobreza extrema se resignan o les resulta difícil ir a reclamar sus derechos”, finaliza, y dice que la Defensoría Pública debe brindar protección jurídica y la Defensoría del Pueblo ser vigilante de los procesos.