El caso de Luis Manuel García Román, fotógrafo de 22 años acusado públicamente por alrededor de 500 mujeres de robar información (incluidas fotos íntimas) de sus celulares para comercializarlas en la aplicación de mensajería Telegram, ha expuesto una realidad alarmante en Ecuador: la venta, distribución y consumo sin control de contenido sexual explícito para adultos en redes sociales.

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Un negocio tan lucrativo como la estafa, el robo de datos o la extorsión, según expertos en ciberseguridad, y que genera una adicción comparable (o incluso mayor) a drogas ilícitas como el éxtasis o la cocaína, de acuerdo con especialistas en psicología clínica.

A pesar de que no está penado ni regulado por la ley, siempre y cuando los adultos participantes estén de acuerdo con su distribución o venta, según explica el abogado penalista Klever Siguencia, lo que sí es ilegal es exponer dicho contenido sexual sin el consentimiento de los implicados, lo cual constituye un delito de violación a la intimidad.

Plataformas como Telegram y OnlyFans se han convertido en medios de comercialización de este tipo de contenido. Sin embargo, Siguencia aclara que la distribución de material sexual sin consentimiento es un acto ilícito.

Por otro lado, el psicólogo clínico Boris Ledesma advierte que aunque los consumidores adultos de dicho contenido deben ser personas con criterio formado, la distribución libre de este material puede generar adicción.

Y al igual que con las drogas cuando se alcanza un nivel de tolerancia, el consumidor busca contenido más extremo para obtener el mismo estímulo en el cerebro.

“Después de un tiempo, para quien consume pornografía no será suficiente ver a dos adultos teniendo sexo, por lo que buscará otro tipo de contenido, como material sexual que involucre a niños, animales, maltratos, entre otros. Esto se convierte en un caldo de cultivo para cometer o ser cómplice de delitos como la pedofilia o el abuso sexual”, sostiene Ledesma.

Grupos de ‘dañados’

Este ‘caldo de cultivo’ tiene su vitrina en plataformas como Telegram, en la que a pesar de que sus políticas prohíben la distribución de material relacionado con abuso infantil, se han encontrado varios grupos, con al menos 100 integrantes cada uno, donde se expone contenido explícito no solo para adultos, sino también material que involucra a menores de edad, incluso niños de entre 5 y 10 años siendo forzados a mantener actos sexuales con adultos.

Este tipo de actos sí configura un delito, a diferencia de la pornografía para adultos, y es sancionado con una pena de hasta 13 años de cárcel, según el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal, por la comercialización de contenido de menores.

En Ecuador, la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional investiga casos relacionados con el uso de tecnología, categorizándolos como incidentes informáticos, fraude digital y violencia digital. En este último, se incluye la distribución y comercialización de pornografía que involucra a menores de edad.

En 2024 se han iniciado 33 investigaciones por delegación del Ministerio Público, en las que han sido rescatados ocho menores de edad y se incautaron 74.000 archivos multimedia de contenido sexual infantil.

Falta de empatía, la clave

Ledesma señala que uno de los rasgos de un adicto a la pornografía es la falta de empatía y la ausencia de conciencia al incurrir en conductas indebidas. Este parece haber sido el caso de García Román, quien, según información del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sería parte de una red de al menos ocho fotógrafos dedicados al robo de fotos íntimas para comercializarlas sin consentimiento.

“Estamos viendo solo la punta del iceberg, ya que existen al menos ocho sospechosos con un modus operandi muy similar. Las víctimas no solo son mujeres adultas, sino también menores de edad”, informó Arianna Tanca, líder del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sobre el caso de García Román.

El delito por el cual se investiga a Román y a otros fotógrafos se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión, según el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. Solo entre 2023 y 2024, el Ministerio Público ha recibido un total de 3.264 denuncias por violación a la intimidad. De esa cifra 1.590 corresponden a 2024, hasta noviembre.

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