Que el sitio no es alternativo y allí es prohibido que dos hombres bailen juntos. Eso les dijo el guardia de seguridad de un bar de Samborondón a dos chicos, al pedirles que se vayan. Uno de los afectados publicó en Instagram lo ocurrido y la gente le dio ‘palo’ al establecimiento por esa acción.

Entre los avances en favor de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) en el país, aún falta trabajar en educación, cultura y en generar tolerancia hacia este grupo de la población, opina Karen Garita, activista ecuatoriana, de la fundación Mujer & Mujer.

La situación del bar es uno de los actos de discriminación por orientación sexual que vienen aumentando desde la pandemia de COVID-19. Así lo reflejan las cifras de un estudio hecho por la oenegé para la que Karen colabora.

El incremento tiene que ver con que, por la situación sanitaria, la población LGBTI requiere más servicios públicos, como salud. Eso y la posterior reanudación presencial de diversas actividades produjeron más interacciones que vulneran los derechos.

Por ejemplo, el 17% de los encuestados vivió episodios de violencia en servicios de salud y el 11% en espacios públicos. Sin embargo, la realidad puede ser más crítica, pues no todos los ciudadanos respondieron el cuestionario, provocando no haber podido abarcar todas las provincias del Ecuador, admite Karen.

“La violencia se ha vuelto tan natural que pasa desapercibida. Pueden ser actitudes despectivas, a veces solo con una mirada de descalificar. No hace falta que digan cosas más expresivas. Y hay una dificultad para acceder a la salud, créditos y demás porque sucede bastante”, comenta.

A su criterio, para prevenir estos actos hace falta, por una parte, una sensibilización de quienes laboran en las instituciones públicas. Para eso, recomienda que sean capacitados para que sepan cómo dar una atención adecuada a la ciudadanía LGBTI, para garantizar sus derechos.

El mismo proceso debe replicarse, además, con énfasis a quienes brindan atención en el sistema judicial, pues de esa forma se evitarían trabas o poca colaboración con las denuncias.

Karen también enfatiza que es necesario promocionar el contenido de las leyes y qué dicen respecto a estos delitos.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 176, menciona la discriminación como delito, y sanciona con uno a tres años de cárcel a quien propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión, o preferencia en razón de (entre otros puntos) identidad de género u orientación sexual. Si es un funcionario quien incumple u ordena incumplir este artículo, la pena se incrementa de tres a cinco años.

ESPEJO DE OTROS PAÍSES

En Colombia, Bolivia y Perú también pasan cosas similares a lo reflejado en la encuesta efectuada en Ecuador. Activistas de organizaciones de estos países mantuvieron un encuentro regional en Guayaquil, para conocer y difundir los datos recabados.

En Bolivia, según cuenta Julio César Aguilera, de la fundación Hábitat Verde, “la COVID-19 dejó mucho más en evidencia que nuestras poblaciones son más víctimas de la discriminación y la violencia. Muchas compañeras transexuales murieron en hospitales”.

En esa nación, el confinamiento hizo que muchas personas de la población LGBTI hayan retornado a convivir con sus familias por la crisis económica. Para unos, significó volver a un hogar donde fueron rechazados y expulsados, siendo nuevamente víctimas de maltrato.

Priscila Pecho, del Grupo de Investigación en Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que incluso desde antes de la emergencia sanitaria, ciudadanos pasaron por terapias de conversión (a heterosexuales), ya sea mediante grupos religiosos o de ayuda psicológica.

En febrero de 2021, en el Congreso peruano se presentó una ley para prohibir los esfuerzos que pretenden cambiar la orientación sexual, la identidad de género, expresión de género o que atenten contra la libre autodeterminación de las personas.

“Es importante hablar de la violencia sistemática y estructural que vivimos, ya que esta empieza por ni siquiera reconocer nuestra existencia ni nuestra identidad. Entonces, todo esto limita que podamos estar en el ambiente educativo, laboral y cada vez el Estado nos va excluyendo”, reflexiona.

UN CASO MORTAL

Danne Belmont, de Fundación GAAT (Grupo de Atención y Apoyo a Personas Trans), en Colombia, hace hincapié en el que, quizá, puede ser el caso más grave de supuesta vulneración de derechos entre los cuatro países, recalcando que algo así no puede repetirse.

Alejandra Monocuco, una mujer trans, falleció en su departamento en Bogotá, el 29 de mayo de 2020. Previamente se sintió mal. Tuvo asfixia y casi no podía hablar del ahogo. Por tal razón, Diana, su amiga, solicitó una ambulancia.

La unidad móvil de asistencia médica llegó aproximadamente 50 minutos después, según contó Diana a un canal colombiano. Otra amiga de Alejandra dijo que uno de los paramédicos preguntó si la paciente tenía enfermedades. Y cuando le contaron que era portadora de VIH, se habría puesto en alerta, argumentando que el malestar iba a pasar, que no había de qué preocuparse. Pero horas después Monocuco murió.

Los activistas coinciden en que hay que coordinar acciones con los gobiernos para implementar estrategias que favorezcan una verdadera inclusión y aceptación. Un reto que no es nuevo, a veces igual que sus obstáculos. Pero al final del camino queda la recompensa de la igualdad.