Un juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, es el pedido que la Defensoría del Pueblo hizo a la Asamblea Nacional, el 26 de enero de 2021. En el documento, firmado por el defensor, Freddy Carrión, se detalla las irregularidades de las que, al parecer, esa cartera de Estado, sería responsable.

La más reciente está ligada a la crisis sanitaria desatada tras el brote de coronavirus en el país y a la asignación y distribución de las primeras ocho mil vacunas contra el COVID-19 que llegaron a Ecuador en días pasados. “ He expresado públicamente mi preocupación por la insuficiente cantidad de dosis con la que arranca el plan piloto de vacunación para atacar a la pandemia”, consta en el escrito.

Sin embargo, en lo que Carrión hace énfasis es en la falta de trasparencia del Ministerio de Salud sobre todas en las actividades, compras, donaciones, personal sanitario, el manejo en general de la cartera y ahora del fármaco para frenar el avance del coronavirus en Ecuador.

“Considero intolerable que desde los primeros días se haya conocido de casos en los que se ha dado prioridad para la aplicación de la primera dosis de la vacuna a autoridades y directivos del sistema de salud que no se encuentran en primera línea de atención como el Ministro de Salud o la Directora de Comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín”, manifiesta.

Esto ha vulnerado al personal médico que atiende en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hospitalización y triaje, que no han sido considerados dentro de la primera fase del plan de vacunación.

La indignación por esto se suma a las denuncias en redes sociales y medios de comunicación sobre una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez, que se trasladaron (con dosis de la vacuna) junto a Zevallos, a una residencia privada de adultos mayores, el sábado 23 de enero.

Allí, al parecer, se encuentran familiares del ministro. Cuando le consultaron sobre la situación en ese hogar de ancianos, ubicado en Cumbayá, él no lo negó. "No solo (tengo) un familiar, (sino) varios familiares", indicó Zavallos a un medio de comunicación.

“Preocupa severamente por la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría tomando decisiones y que podría llegar a configurar responsabilidad política o incluso penal”, detalla en el documento de la Defensoría del Pueblo.

Información oculta

Aunque el acceso a la salud está avalado por la Constitución de Ecuador y las irregularidades han sido expuestas, la Defensoría del Pueblo también denuncia la falta de transparencia de esa cartera de Estado. Pese a que la información pública se debe difundir de forma obligatoria, portales web de cada ente obligado, para garantizar el acceso a la información como mecanismo de participación y control social, esto no se ha cumplido, desde 2019.