Para verdad Dios, para justicia el tiempo, es el adagio que Katty Bonilla resalta cuando defiende a su hijo Daniel Salcedo, investigado en varios casos relacionados con presuntos actos de corrupción desvelados durante la emergencia sanitaria declarada en 2020, por la pandemia de la COVID-19, en el país.

La mañana del lunes 22 de febrero de 2021, la madre acudió a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se reinstaló -por segunda ocasión- en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en Guayaquil, dentro del proceso de delincuencia organizada que se sigue en contra de Salcedo, tres de los hermanos Bucaram Pulley y otras doce personas, por un presunto delito de delincuencia organizada.

Bonilla aseguró que uno de los motivos por los que acudió a la diligencia es para aclarar el video que se publicó en la plataforma Tik Tok, y por el que asegura su hijo Daniel ya ha ofrecido disculpas a las autoridades de Rehabilitación Social, pero que como familia están preocupados por lo que le pueda pasar.

“Yo estoy solicitando al abogado (...) que exploten (revisen) el teléfono (celular)”, que se utilizó para la grabación del video que fue subido a las redes sociales tras el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, ocurrido el pasado 27 de enero, en el norte de Guayaquil. 

Y es justamente por esa relación que ha pedido que se haga la diligencia, aunque sabe que “antes de que suceda esto, hicieron requisa, explotaron teléfonos porque resulta que ahora ya no es la llamada de la Penitenciaría del Litoral, ahora es cárcel 4”, de Quito, donde permanecía Salcedo hasta que se hizo viral el video, donde aparece acompañado de otros dos internos haciendo publicidad a una bebida, en medio de baile y música.

Tras el hecho, fue trasladado a la cárcel de Latacunga, donde -según la madre- está totalmente incomunicado y lo mantienen en un área del Centro Femenino para precautelar su seguridad. “Ni la basura le recogían porque todos estaban prohibidos de acercarse a Daniel Salcedo”, dijo la madre al añadir que no sabe quién está detrás de todo eso, pero que se trata de “una cortina de humo”.

“No tiene y así nos ha dicho nuestro defendido, no tiene absolutamente nada que ver con el tema del asesinato del señor Ruales (...) esa es la palabra que bajo juramento lo ha dado nuestro defendido (...)”, dijo el defensor.

El jurista aseguró que ya se ha determinado que el video que saltó a las redes sociales era antiguo, grabado antes del crimen del presentador.

Al referirse al proceso por el que acudió a la Corte del Guayas manifestó que “ahora todo es expresión de arriba”, pero que no saben de quién.

La diligencia se desarrolló solo entre las partes involucradas en el proceso por ser un caso “contra el Estado”, según un servidor judicial que desalojó a la prensa del interior del auditorio, donde se expone los resultados de una investigación que se siguió contra 16 personas. 

Francisco Donoso, defensor de la expresentadora Gabriela Pazmiño y su cuñado Michel Bucaram, quienes también fueron acusados tras la revocatoria del dictamen fiscal que los había absuelto del caso, lo calificó como irrisoria.

“Es bastante graciosa, son los mismos elementos que utilizó la Fiscalía para instruir la asociación ilícita (...)”, dijo el abogado, mientras la defensa de Paola Mera, exgerente del hospital Ceibos Norte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también procesada en el caso, manifestó que la instrucción fiscal no ha aportado hasta el momento ningún elemento de cargo.

Disponen multa a 12 abogados

El Tribunal de Garantías Penales de El Oro, con sede en Machala, no logró instalar la audiencia de juzgamiento en contra de los hermanos Noé y Daniel Salcedo, otras dos personas y seis empresas, por el presunto delito de lavado de activos.

A pesar de toda la logística y las citaciones que se hicieron, doce defensores de tres procesados no se presentaron. Se indicó que estaban en una audiencia en Guayaquil. En providencia, el Tribunal dispuso a los abogados, la mayoría defensores técnicos de los hermanos Salcedo, 48 horas para que justifiquen su inasistencia; pero se ordenó la imposición de una multa de dos salarios básicos. La diligencia se difirió para este martes 23 de febrero de 2021.