Un estudio de 2014 realizado por la Universidad del Azuay revela que en Cuenca hay 30 sectores donde todos presentan niveles de ruido por encima de lo permisible en ciertas horas del día. El análisis se basó en lo que determina la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece que el oído humano está en capacidad de soportar 55 decibeles de ruido, pero en la capital azuaya este nivel llega a los 85.

Pasado ese nivel, y superiores a los 144, como el caso de las bocinas de los vehículos, podrían causar malestares y pérdida paulatina del oído, según el documento que fue entregado al Concejo Cantonal. Con base en ello, el concejal Carlos Orellana propuso, en octubre de 2015, crear una ordenanza.

La noche del 12 de enero se aprobó dicho cuerpo legal con la intención de controlar la contaminación ambiental. Entre los sitios complejos detectados por el estudio de la Universidad del Azuay, se halla el Centro Histórico e inmediaciones de los mercados, por la existencia de la mayoría de locales comerciales.

La herramienta legal, busca regular la contaminación auditiva de la colectividad, la cual es generada por equipos de sonido, ventas de CD, alarmas y vehículos que recorren la ciudad haciendo sonar sus bocinas o pitos para la venta de gas y otros artículos... “Si no probamos la música, cómo vendemos los discos”, expresó Javier Sisalima, un comerciante de CDs que tiene su negocio en el mercado 12 de Abril.

Sisalima acota que no conoce aún sobre el contenido de la ordenanza, pero “si con ella se prohibiría utilizar equipos de sonido, se estaría yendo contra un principio de libertad para el trabajo” opinó el hombre.

La norma tiene base en tres ejes: educar, controlar y sancionar. Como parte de la educación se iniciarán campañas para informar sobre los riesgos de la contaminación acústica. En el plano del control se dispone la ejecución de operativos por parte de la Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca, adujo el edil Carlos Orellana.

En cuanto a las sanciones, la ordenanza contempla multas económicas entre el 10 y el 50 % de un salario básico unificado a los infractores, así como clausura de locales que incumplan con la normativa. La aplicación de la ley se prevé para cuando la Comisión de Legislación del Concejo Cantonal diseñe la reglamentación correspondiente. No se conoce el plazo para presentar la aprobación final del Concejo Cantonal.

También se estableció que se aplicarán campañas de concienciación para conductores particulares, y se trabajará con la Empresa Municipal de Movilidad para garantizar que la revisión vehicular sea la adecuada evitar. Con ello se evitará que los motores de los carros generen ruido.