A la semana de los hechos extremadamente violentos ocurridos en cuatro cárceles del país y que dejaron 81 fallecidos, se vive una aparente calma en los exteriores de los centros carcelarios de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, aunque esta no se evidencia en el interior de los mismos.

La mañana de ayer en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Cotopaxi, otro amotinamiento puso a correr a policías y servidores públicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Cinco guías penitenciarios fueron retenidos por los reos del centro de rehabilitación social de Latacunga, informó mediante su cuenta de Twitter el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo.

Hasta el cierre de esta edición se desconocían los motivos de la nueva reyerta y si los guías carcelarios fueron dejados en libertad.

Por su parte, la tarde del domingo pasado en el CPL de Turi se vivió un ambiente bastante extraño y de un ‘falso’ arrepentimiento, porque los privados de libertad en horas de la mañana voluntariamente entregaron cientos de objetos cortopunzantes, varias armas de fuego y diversos dispositivos electrónicos.

Pero la tarde y noche del mismo domingo, agentes de la Policía Nacional realizaron tres operativos dentro del centro carcelario y se llevaron una gran sorpresa. Pese a la entrega voluntaria, encontraron más ‘novedades’ dentro de las celdas: celulares, objetos cortopunzantes y hasta armas de fuego.

Pero el ‘arrepentimiento’ y la ‘falsa calma’ tienen más sustento con versiones de los propios reos. En un video que circula en redes sociales, un presunto vocero de los presos del Turi afirmó que los hechos ocurridos durante la última semana de febrero se deben a “personas sin escrúpulos que quieren manipular a todos y extorsionarnos”.

De la misma manera solicitaron al SNAI que no se realicen traslados contra la voluntad de ninguno de ellos, ya que los cambios de cárceles podrían poner en riesgo la integridad física de los privados de libertad.

ALGO DE TRANQUILIDAD

Mientras que en los exteriores de las cárceles de Guayaquil donde ocurrieron los amotinamientos, se observó una relativa calma.

En el perímetro del CPL Regional 8 Guayas, solo se observa a militares que resguardan el sitio, mientras que a unos 300 metros de donde está ubicada la Penitenciaría del Litoral aún hay familiares de los detenidos que buscan información sobre las visitas en este centro carcelario.

Pero así como llegan se van, ya que al acercarse a la puerta de la ‘Peni’, los gendarmes les indican que las visitas están suspendidas hasta que se garantice la seguridad de las personas que ingresan a las cárceles. 

ADMITEN CORRUPCIÓN EN GUÍAS

Tras la ‘matanza’, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, ordenó a los gobernadores de las provincias de Cotopaxi, Azuay y Guayas crear un comité de seguridad ciudadana para controlar los hechos violentos.

El gobernador de Guayas, Luis Chonillo, señaló que durante diversos operativos en la Regional 8 y la Penitenciaría se decomisaron 20 armas de fuego, 287 armas blancas, 241 municiones, 132 celulares, entre otros objetos.

Por su parte, el secretario de la SNAI, Edmundo Moncayo, la tarde de ayer compareció de manera virtual ante la Asamblea Nacional. Allí señaló que la falta de recursos ha provocado una serie de inconvenientes en el sistema carcelario.

Moncayo añadió que es importante la creación de una carrera penitenciaria y aceptó un ‘secreto a voces’: que existen guías que se han debilitado en ética y moral, es decir, guías corruptos.

Con respecto al ingreso de armas a los centros carcelarios, responsabilizó a los servidores públicos que están en los primeros filtros de los centros de rehabilitación.

Mientras que el asambleísta Rodrigo Collaguazo envió una moción de cinco artículos a la Asamblea sobre la crisis carcelaria. Pide la destitución y juicio político del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; del secretario de la SNAI, Edmundo Moncayo; y de la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez. Además le exige al presidente que se creen medidas que garanticen el orden en los CPL y la inmediata asignación de los recursos al SNAI por parte del Ministerio de Finanzas, para solventar la crisis penitenciaria.

Luis Muñoz, exdirector de la 'Peni': “Hay que clasificar a los internos en los centros”

¿El control carcelario depende de las treguas entre bandas?

De alguna manera sí. Es indiscutible que más allá de la presencia o no de la autoridad dentro del centro penitenciario, las rencillas que existen entre las distintas bandas se reproducen al interior. No es cuestión de que los internos den tregua a la autoridad, sino que se la den entre ellos. Que se pongan de acuerdo.

¿Son treguas que se rompieron con el crimen de Jorge Luis Zambrano, líder de Los Choneros?

La muerte de Rasquiña modificó sustancialmente el espectro del control del narcotráfico y de otro tipo de delitos en los distintos sectores de las ciudades. Incluso cierto tipo de delitos dentro de las cárceles. Por eso surgieron las venganzas, por parte de Los Choneros. Pero además, hay una falta de definición en los reemplazos de los líderes de esta organización. Esa fue la causa fundamental de las masacres de la semana pasada.

¿Significa que la administración penitenciaria no tiene autoridad para controlar dentro de los centros?

Efectivamente. Mientras no se tomen decisiones urgentes como mejorar los sistemas tecnológicos de seguridad y vigilancia, contratar más guías penitenciarios, capacitarlos... no se puede contener este problema dentro de los centros.

Para frenar esta violencia, se hicieron traslados a otros centros. ¿Sirvieron de algo?

Cuando se hace esto, la inteligencia que maneja la policía a nivel penitenciario no es lo suficientemente eficiente como para dar un diagnóstico situacional de la población carcelaria. Muchas veces se traslada a detenidos que no tienen nada que ver con malas conductas.

¿Qué se debe hacer entonces con los reos conflictivos?

Es necesario que se haga la clasificación de los internos que están ingresando a un centro y hacer una reclasificación seria de los que están adentro. Eso servirá para separarlos de acuerdo con el índice de peligrosidad que cada uno tiene.

¿Y esto cómo ayuda al control penitenciario del país?

Si tenemos por un lado a los reos peligrosos, entonces es posible controlarlos de mejor manera. Con eso se tendrá mayor disciplina. Pero si se sigue mezclándolos, la violencia continuará creciendo permanentemente en los centros.

¿La reducción de penas permitiría mantener la paz?

La reducción de penas lo que hace es eliminar el efecto disuasivo que la sentencia tiene para la comisión de los delitos. En Ecuador, el problema que tenemos recae sobre la aplicación de la ley. Las condenas pueden parecer duras pero, en la práctica, a los infractores se los condena con el mínimo de la pena.

La violencia se ha desbordado. ¿Es hora de pensar en una medida como la extradición de los líderes de las bandas más peligrosas, a países como Estados Unidos?

Yo no estoy de acuerdo con la extradición. Además está prohibido por la Constitución. Es erróneo pensar que nos ayudaría una medida como la que se aplicó en Colombia. Lo que estaríamos diciendo es que nosotros no podemos controlar la política penal para combatir el crimen. Y creo que el Estado ecuatoriano sí puede tomar el control.