Las cárceles del Ecuador se han convertido en un campo de batalla. Durante el 2021, 328 privados de libertad han sido asesinados, varios de ellos tuvieron las muertes más horrendas y siniestras, fueron desmembrados, quemados y hasta incinerados.

El Centro de Rehabilitación Social No. 1, también llamado Penitenciaría del Litoral, ubicado en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, en Guayaquil, ha sido el escenario más violento por la cantidad de amotinamientos en este año.

Esta prisión porteña alberga a más de 9.000 reclusos y tiene un hacinamiento del 62%, de acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

En la última masacre en la ‘Peni’, ocurrida el 12 de noviembre, hubo 62 reos asesinados (ver fichas y nombres de 52 internos). El ataque sucedió en el área de transitoria, sitio donde estaban privados de libertad que nada habrían tenido que ver en la guerra de bandas.

La abogada, criminóloga y presidenta del Comité de Derechos Humanos Humanismo, Patricia Castro Coronel, afirma que la obligación del Estado es proteger la vida de los internos y que está prohibido que tengan tratos inhumanos y degradantes.

“Las prisiones son lugares para rehabilitarse, no para que maten a los presos, no se puede permitir que vulneren sus derechos. Como defensores de los derechos humanos vamos a presentar una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado se ha convertido en delincuente, los condenaron a morir”, sostiene.

En cuanto a la sobrepoblación que existe en esta cárcel menciona que no es posible que en un mismo lugar hayan más de 9.000 personas y que la Prefectura y propone que el Municipio deben crear cárceles para quienes están presos por cometer delitos cuya pena sea menor a cinco años de reclusión.

Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), cree que el Estado no ha tenido voluntad política para resolver la crisis carcelaria y ha dejado que se vayan acumulando los problemas hasta que finalmente explotaron.

“Los presos no pierden el derecho a la vida. El Estado debe hacerse cargo de los sistemas de alimentación y seguridad, no se pude aceptar que sea la mafia la que controle a los presos. La inacción de la justicia, la ausencia de jueces de garantías penitenciarias es la causa del hacinamiento”.

Los especialistas coinciden que varias de las personas asesinadas ya tenían la boleta de libertad, pero que esta no había sido tramitada ante un juez de garantías penales y por eso aún continuaban tras las rejas.

Finalmente, Castro indica que la Defensoría del Pueblo debe iniciar un trámite de reparación inmaterial por cada una de las víctimas y que esta debe incluir ayuda psicológica y becas estudiantiles para sus hijos.

Nota: Por respeto a los familiares de las víctimas no publicamos la forma en que fueron hallados los cuerpos. Veintidós fueron quemados y siete desmembrados. En el área de la matanza se encontraron 82 piezas anatómicas.