La pandemia de COVID-19 no solo mostró una ola de contagios y muerte en el país. Tras de sí se destaparon casos de corrupción cometidos desde marzo.

La Fiscalía detalló que en 10 provincias se detectaron estos hechos, aunque se extendería a otras 12 y donde hubo más fue en Guayas (8), Los Ríos (8) y Pichincha (6).

En dichas investigaciones saltaron nombres de hospitales, tanto de la red del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (ver antecedentes).

Por esto se creó una Fuerza de Tarea para indagar casos que, hasta noviembre, fueron de peculado (21), asociación ilícita (1), cohecho (3), concusión (2), delincuencia organizada (2), tráfico de influencias (3) e incumplimiento de decisiones de autoridades competentes (1).

Hasta noviembre, la Fiscalía abrió 33 procesos, 28 de los cuales están en investigación previa y cinco en instrucción fiscal. Entre los nombres que cobraron relevancia durante estas diligencias están Daniel Salcedo, quien fue condenado a cuatro años por fraude procesal y que fue indagado por casos de corrupción en hospitales de Guayaquil.

También entró a la lista su entrenador personal Abraham Muñoz señalado por vender medicamentos donados al IESS para combatir el COVID y Noé, hermano de Salcedo. Y alrededor de ellos aparecieron personajes políticos como Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República, y sus hijos Dalo y Jacobo.

El pueblo sufrió

Hasta el momento, los perjuicios económicos totales no han sido calculados debido a la amplia gama de casos de corrupción. Lo que sí quedó claro es que esto perjudicó de manera directa a la atención de los pacientes en la pandemia.

Ángel Jaramillo fue uno de los afectados durante la crisis sanitaria. “Cuando fui a un hospital dijeron que no tenían ni siquiera oxígeno. Había gente tirada en el piso y no quería morir así”. Jaramillo, de 46 años, se refugió en su hogar en Quito durante un mes y su esposa, quien es enfermera, le salvó la vida. “No recibí una sola ayuda del Estado”, asegura, ya que toda la medicación la pagó de su bolsillo.

Algo similar lo vivió Juan Manuel López, gestor cultural y comunicador de la capital. Mientras la estela de corrupción llegaba a sus puntos más altos, él se recuperaba en su casa junto a su esposa e hijos.

“Nos dio miedo ir a los hospitales porque corríamos el riesgo de morir”. Con la ayuda de un médico particular no tuvo más opción que comprar medicinas y salvarse sin la ayuda del sistema de salud.

Pero no solo los pacientes de COVID fueron los afectados por este problema. Personas con enfermedades catastróficas también sufrieron por la corrupción y la falta de medicamentos.

Una de ellas fue Patricia Angulo, quien padece cáncer de mama desde hace cinco años. Las quimio y radioterapia los complementa con pastillas.

Antes de la pandemia, cuenta, las conseguía en los hospitales del IESS en Quito, pero durante el confinamiento las compró en farmacias a 45 dólares.

Gustavo Dávila, coordinador general de la Alianza Nacional por la Salud (ANS), culpa al corrupto manejo de la salud por el sufrimiento de los enfermos.

“Mientras se ha denunciado a personas por este tipo de actos y se botan medicamentos caducados, hay gente que clama por esa medicina y por justicia”. Y la consecuencia de todo esto, a decir de Dávila, es nefasta.

La ANS engloba a 30 organizaciones que representan a enfermos de diversas patologías y estima que un 40 por ciento de aquel grupo ha dejado de tomar sus medicamentos en el país. Incluso, a causa de esto, Dávila está seguro que muchos fallecieron.