Una venda cubre su pierna derecha desde la rodilla hasta el pie. Es la marca de una tragedia. Argeny Jonás Mora Plúas se fracturó el tobillo y se queja del dolor. Al caminar usa muletas a las que aún no se acostumbra. Tampoco asimila por completo que su hermana Betsy murió y no pudo ir al sepelio por dicha lesión.

La desgracia apareció en esta familia el 1 de enero. Argeny conducía su motocicleta y en el asiento trasero lo acompañaban Betsy y su nieto, de cinco años. Cerca, en otra moto, iban el esposo de ella y una hija. Circulaban por la calle Venezuela, en el centro - sur de Guayaquil, y al llegar a la esquina de Tulcán los embistió una camioneta gris, cuyo conductor huyó.

“Íbamos despacio, como a 30 kilómetros por hora. El de la camioneta iba tan rápido, no nos dio tiempo a frenar o acelerar. Nos mandó a ‘volar’ (...). Cuando me pude mover, al niño lo encontré bajo de la pierna de mi hermana. Mi sobrina y el papá quedaron tirados en la calle”, narra.

El hombre, de 31 años, vio a su ñaña tirada en una acera, sin moverse. Ella falleció en el sitio. Minutos después, llegaron ambulancias para trasladar a los demás hacia hospitales.

Él fue operado a los dos días. Le colocaron una placa con siete tornillos en la pierna. Recuperarse le tomará seis meses. El Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (Sppat) le cubrió parte del gasto médico, pero tuvo que poner 1.600 dólares para completar el costo de la intervención.

Argeny trabaja como repartidor de productos. Gana por entregas y no está afiliado a la Seguridad Social. Mientras se recupera, no podrá ‘camellar’ ni generar ingresos.

El nietecito de Betsy sigue hospitalizado, también tiene una pierna lastimada. Su abuelo casi pierde un ojo por el incidente. Ya está en casa, pero suele olvidar cosas, dicen preocupados sus parientes.

Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en 2022 hubo 21.739 accidentes en el país (387 más que en 2021). Un caso trágico fue el de Carlos Rommel Moncayo Salazar. El 30 de marzo pasado, él iba en un taxi por el kilómetro 22.5 de la vía a Daule, en sentido hacia Guayaquil, pero murió junto al chofer luego de que el transporte fuera impactado por otro vehículo que venía en el carril contrario.

La conductora de ese automotor quedó herida y es investigada por ambas muertes. Elizabeth Pacheco y Ruth Salazar, esposa y madre de Moncayo, respectivamente, buscan justicia. Dicen que una prueba de alcoholemia realizada a la presunta implicada resultó positiva. Pero su abogado indica que la máquina con la que se hizo el examen estaba descalibrada. Añade que el carro de su defendida tenía un desperfecto que le hizo perder el control.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informa que en la ciudad hubo 4.087 accidentes en 2022, que provocaron 234 víctimas mortales. Las causas principales identificadas por la entidad son irrespetar las señales de tránsito, distracciones al conducir y manejar con exceso de velocidad.

¿HAY CAMBIO DE CONDUCTA?

Ante el efecto de estos casos cabe una duda: ¿quienes provocan accidentes graves luego rectifican su error al volante? Si bien algunas personas reflexionan sus acciones, otras tienen una actitud quemeimportista, como el exmarido de Esther (quien pidió no ser identificada).

Él conducía aunque tuviera unos tragos de alcohol encima. Manejó ‘pluto’ varias veces sin accidentarse, pero dejó de ser suertudo la medianoche del 31 de diciembre de 2015. “Me llamó a decirme que se chocó y lo vaya a ayudar. Tomé un taxi, las calles estaban cerradas dos cuadras antes de llegar al sitio. Tan grave fue que el chofer no me cobró la carrera, dijo que iba a necesitar más dinero del que le debía pagar”, recuerda.

Su carro estaba prácticamente destruido. Su ex circulaba por la calle Primero de Mayo y se estrelló contra un taxi que iba por José de Antepara, cuyo conductor resultó herido, mientras que él quedó con dos costillas rotas, un golpe en la cabeza y raspones.

“El daño fue de 5.000 dólares. Lo pagué yo, di 1.000 de entrada y el resto en cuotas a dos años. Luego, él siguió siendo un irresponsable, conduciendo en estado de embriaguez”, recalca la mujer.

Menciona que a su exmarido, como parte de la sentencia, se le dispuso que realice labores comunitarias, pero nunca las hizo. “No hubo un castigo para él, a más del económico y que ni siquiera pagó, porque me tocó a mí”.

César Gárate, abogado y exdirector de Asesoría Jurídica de la ANT, comenta que para cambiar el comportamiento en los conductores infractores deben mejorar ciertos procesos en la aplicación de sanciones. Por ejemplo, que a más de labores comunitarias se dispongan capacitaciones en seguridad vial.

Tanto la ANT como la ATM refieren que realizan campañas y talleres en este ámbito, enfocados a la ciudadanía, como por ejemplo a choferes profesionales.

Respecto al cumplimiento de labores comunitarias, Gárate explica que deben existir informes que reflejen si el infractor las lleva a cabo o no. “La Fiscalía tiene que verificar que se estén realizando, y en último caso la víctima también podría constatar y notificar si no se ejecutan”, dice.

También menciona que aunque actualmente se penaliza con más severidad a los conductores reincidentes, los entes de tránsito deben ser más rigurosos en verificar quiénes tienen casos anteriores, al igual que los jueces antes de dictaminar una sentencia.

“En el caso de transportes públicos, en los terminales terrestres están en la obligación de controlar si los choferes cuentan con licencias y cuántos puntos tienen. Cuando laboré en la ANT se anularon cerca de 85.000 licencias, pero en unos terminales dejaban salir a varios que las tenían anuladas”, detalla.

El experto en tránsito considera que las políticas públicas deben ir enfocadas no solo a sancionar, sino a prevenir y reeducar. Generar conciencia en las vías y no tardíamente frente a un cadáver, cuando ya nada se puede hacer.