A la familia de María del Carmen Puente nada le devolverá su sonrisa. La mujer, de 77 años, fue arrollada el fin de semana pasado por un autobús en La Villaflora, sur de Quito. Murió una hora más tarde.

El conductor fue detenido y, desde ese momento, los allegados de la adulta mayor se mantienen en conversaciones con el abogado del implicado para arreglar la situación.

“Nos dijeron que la cooperativa tenía un seguro de diez mil dólares. No es que queramos lucrar con eso. Necesitamos pagar el nicho y otros gastos”, dijo uno de los parientes de la víctima, quien prefirió no identificarse.

Según Guillermo Abad, director de la organización Justicia Vial, los siniestros de tránsito, por lo general, terminan con un arreglo económico, el archivo de la causa o la prescripción del caso.

Así lo confirmó también un informe emitido por el Consejo de la Judicatura -hace 7 años- en el que se reveló que el 93 % de los accidentes no llega a sentencia.

Para Abad es un error ponerle precio a la vida. “Estos arreglos lo único que hacen es contribuir a la impunidad”. Incluso recomienda a los familiares de las víctimas que lleguen hasta los tribunales. Allí, después de seguir el proceso legal, los jueces dictarán sentencia en contra del procesado y se determinará el pago de una reparación integral.

Con respecto a la compensación que se ofreció a los familiares de Puente, le parece inaudita. “Es muy poco. En otras causas, el monto asciende a los 120 mil dólares”.

Aclara que en cualquier hecho de este tipo, la responsabilidad puede ser compartida (entre el conductor y el peatón). Sin embargo, considera que en los sucesos en los que está vinculado un autobús se debe a dos circunstancias: modelo de auto y velocidad.

“El 50 por ciento son buses disfrazados (a escala nacional). Esto quiere decir que son camiones y los adaptaron. Son más altos”, describe.

Esto hace más grande el punto ciego frontal hasta unos 10 metros. Además, la suspensión impide que el conductor sienta si los neumáticos ruedan por algo que no sea la vía.

La velocidad también es un detonante, asegura Abad. En el perímetro urbano, los vehículos pesados pueden circular hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, si el conductor va más rápido, le es imposible hacer una maniobra para esquivar al peatón o frenar.

Mediación para lesiones

Pedro Quingalagua fue arrollado por un autobús en Machachi, cantón Mejía, hace un año. Le amputaron la pierna derecha, esto redujo las posibilidades de seguir con su trabajo como albañil. “El dueño del carro me dio 500 dólares. Ofreció más, pero nunca cumplió”.

Algo similar le ocurrió a Felipe Poveda, quien fue arrollado por una unidad del Trole, por lo que podría perder una de sus extremidades.

Según Abad, en casos en los que no se produce la muerte del peatón, se puede hacer una mediación para fijar una compensación por las lesiones temporales de la víctima. Con las permanentes, según el Código Penal (COIP), no se permite un acuerdo económico.

“El problema es cuando la gente no tiene conocimiento y se deja ganar por el miedo. Por ejemplo, el chofer le dice: ‘le voy a denunciar porque se pasó por media vía’, pero nunca habla de la velocidad a la que iba y esto cae en un acto de corresponsabilidad”, enfatiza.

LAS CLAVES

Cifras contemplan heridos y fallecidos

Según el Visor de Siniestralidad Nacional, hasta agosto de 2022, en Quito, se registraron 13 arrollamientos por un autobús. A escala nacional fueron 33.

Hace dos años hubo más casos en Quito

Durante pandemia, en 2020, fue el año en el que más alto estuvo el pico de estos siniestros viales. Se registraron 20 casos de enero a diciembre.

Determinar la responsabilidad

Ana Lucía Astudillo, experta legal en temas de tránsito, aclara que es importante determinar quién es el responsable en el incidente. Si el peatón cruzó por donde no debía, se cae el caso y no hay reparación integral”, describe.

Sin embargo, si se confirma que fue el chofer el responsable de la muerte puede ser juzgado bajo el artículo 377 del COIP. La pena va de 1 a 3 años. Astudillo precisa que existen atenuantes y agravantes. En el caso de Puente, el chofer no huyó y eso podría beneficiarlo en el juicio. “Recibiría la pena mínima menos un tercio, es decir, 8 meses”.