Ninguno de los rostros visibles del correísmo acompañaron a los indígenas en las protestas. Fueron sus adeptos, los llamados “las bases”, quienes literalmente se ensuciaron las manos.

En Guayllabamba, parroquia al norte de Quito, el encargado de arengar a la gente y bloquear las vías fue el correísta Víctor Pozo Echanique, miembro del Comité de la Revolución Ciudadana y seguidor de la prefecta Paola Pabón.

En los días del paro colocó sobre su pequeño camión un parlante para expresar sus soflamas. “Ustedes saben que el Gobierno no da más, no podemos seguir apoyando a algo que nos decepcionó”. Su vehículo fue uno de los que bloqueó el redondel de Guayllabamba, conecta a Quito y al aeropuerto.

Junto con un grupo de transportistas decidían quién pasaba y quién no. Montaron un peaje y pedían dinero a los conductores. Por las noches ese punto se volvió en una cantina popular. El mismo Pozo reconoció, a un medio local, que recogieron más de 600 dólares. El dinero supuestamente era para la viuda de Johnny Félix Muenala, la primera víctima del paro, quien murió al caer por un barranco.

“Yo no tengo ningún tipo de interés, mi interés es apoyar a mi parroquia... No apoyo el vandalismo”, escribió Pozo en su página de Facebook. Según él, otros eran los que extorsionaban a los conductores, en cambio, su grupo pedía colaboración voluntaria de alimentos para el movimiento indígena y en dinero para la viuda.

Mientras el grupo de Pozo mantenía a la población incomunicada y la gente se quejaba por la falta de alimentos, el Gobierno Parroquial de Guayllabamba apoyó a los manifestantes con una carpa para que se protegieran del sol. Así quedó evidenciado en videos.

“Estrategia miserable”

San Antonio de Pichincha, al norte de la capital, fue otro punto donde las protestas fueron violentas. Franco Íñiguez murió allí, en un enfrentamiento con militares.

El canciller Juan Carlos Holguín dijo que esos territorios son controlados por la Prefectura de Pichincha. Uno de sus funcionarios que arengó y participó en las manifestaciones fue Leonidas Moreno Ordóñez, director de Gestión de Economía Popular y Solidaria. “Hay que seguir resistiendo, el banquero ladrón tiene que irse a su casa”, escribió en sus redes. Según él, sus acciones fueron enmarcadas en su legítimo derecho a la protesta pacífica.

Para Luz Elena Coloma, concejala de Quito, en el norte de la capital la Prefectura de Pabón controla las juntas parroquiales y tiene varios líderes comunitarios correístas, quienes llevaron su gente para cerrar las vías, “una estrategia miserable para bloquear a la ciudad”.

Sobre esto, la Prefectura ha desmentido rumores de que ha financiado el paro o apoyado el cierre de vías con sus volquetas. Los vehículos que han aparecido en redes descargando material en la vía fueron denunciados en la Fiscalía por la propia institución, pues son de propiedad privada. “Ni en octubre de 2019 ni ahora, participé de ninguna forma en las protestas”, dijo Pabón en un video. “Me he mantenido fuera de cualquier acontecimiento relacionado con la protesta social”.

Quienes sí han participado son Christian González y Pedro de la Cruz, este último funcionario de la Prefectura. El 23 de junio, cuando los indígenas “recuperaron” la Casa de la Cultura, De la Cruz, con un megáfono, dirigía a un grupo de manifestantes que portaban armas artesanales. “Estábamos dispuestos a todo, sino nos permiten entrar, si es que hay que hacer a la fuerza indígena”, dijo a su ingreso al ágora.