En el 2020, la Unidad Nacional de Delitos Hidrocarburíficos de la Policía Judicial detectó 40 perforaciones en la red de poliductos. Cuatro años después, el contrabando de combustible se ha disparado, hasta registrar en este 2024, 320 perforaciones (ocho veces más).

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El combustible es usado como precursor para procesar la hoja de coca, por lo que es trasladado a Colombia, por los ríos. Además se usa en la minería ilegal e inclusive es adquirido por comercializadoras y estaciones de servicio. Eso detalla el capitán Emmanuel Salazar, oficial investigador, quien dice que buscan repotenciar la unidad para evitar atentados como los que enfrentó Colombia en el Oleoducto Transandino, años atrás.

En Ecuador, los derivados del petróleo se mantienen subsidiados. Y el contrabando ha pasado de grupos pequeños a organizaciones criminales.

EXTRA preguntó a los 16 candidatos presidenciales: ¿Qué alternativas contempla o qué política de Estado diseñaría para mitigar el contrabando de combustible?

Ocho de los 16 candidatos contestaron. Una vez más, el equipo del presidente Daniel Noboa, de ADN, quien busca la reelección, no contestó. Mientras que la comunicadora de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, se excusó, en esta ocasión porque la candidata estaba fuera del país.

Los candidatos coinciden en señalar que se deben mejorar los controles. En todos los casos dicen que se requiere implementar tecnología. Tres de los consultados vuelven a poner sobre el tapete de discusión la necesidad de quitar el subsidio y focalizar mejor para quitarle el negocio a las mafias.

Además, mencionan que hay que monitorear mejor, con cámaras y sensores, las estaciones de servicio (gasolineras).

El problema es complejo en Ecuador y está atado a otros aspectos colaterales: narcotráfico y minería ilegal. “Hay un robo gigantesco al Estado, con los pinchazos”, opina Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El gremio agrupa a 1.200 estaciones de servicio, “la mitad en una situación insostenible, por el margen de ganancia, que rige desde hace 21 años”.

Desde hace años, recuerda Rosero, ya se expropiaron todas las estaciones fronterizas para reducir el contrabando. Pese a eso, el gremio cree que no hay resultados. Y ahora Petroecuador está a cargo. Por eso le parece que hay que controlar lo que sigue pasando: captura de tanqueros, que salen de beaterios o refinerías, sin guías.

“Entonces hay un problema interno o cómo sale un tanquero cargado con 10.000 galones sin guías”, se pregunta.

En la Unidad de Delitos Hidrocarburíficos de la Policía hay 52 policías encargados de seguirle la pista a todo lo que está alrededor del contrabando de combustible. Aunque en ocasiones tienen que trabajar también en casos de extorsión.

El capitán Salazar comenta que antes quienes hacían perforaciones en la tubería arriesgaban su vida. Actualmente, los delincuentes demuestran conocimientos técnicos y han aprendido a usar herramientas como mangueras de alta presión y acoples.

Desde el 1 de enero hasta el 28 de septiembre de este año, la Unidad registra 280 operativos, en los que han desarticulado a 37 organizaciones. Los reportes policiales indican que hay 309 personas detenidas, así como 258 vehículos que transportaban ilegalmente combustibles. Se han aprehendido 522.290 galones.

En relación con el 2023, las cifras aumentaron. El año anterior, la Policía dio con 414.700 galones, en 192 vehículos.

En este 2024, la cantidad de combustible sustraído en las perforaciones ya ha dejado una pérdida de 20’600.000 dólares. A eso se suma el costo de los daños en la tubería nacional, que alcanza los cuatro millones de dólares.

Las investigaciones demuestran, según el capitán Salazar, que múltiples estaciones de servicio acceden al combustible producto de perforaciones. La red nacional del poliducto, por el que corre el diésel premium, pasa por Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí y por una parte del Austro.

Según Ivo Rosero, hay que liberalizar los precios de los combustibles para cortar de raíz el problema, como sucede en el resto de América, menos Venezuela y Bolivia.

“Entendemos que es mucho más complejo con el diésel. Este Gobierno ha preferido no tocarlo, ya que es político y podría desatar un estallido social.

Otra dificultad es la sentencia de la CAN, que obliga a vender al mismo precio el combustible ecuatoriano a los transportistas peruanos. “Los camiones de otros países vecinos pueden venir, llevarse hasta 600 galones y pasar hasta 10 veces al día”.

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