La presencia de una decena de vehículos del Municipio de Guayaquil y la Policía Nacional ‘puso moscas’ la mañana de ayer a los moradores de la conocida como Calle 8 (Décima, entre la H y la I), populoso sector del Cristo del Consuelo que se hizo viral en redes sociales por el ‘bailejo’ que organizó entre la tarde del 1 de enero y la noche del día siguiente.

La sorpresa fue mayor para los habitantes cuando personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia colocó sellos de clausura en las puertas de siete viviendas y de un local de eventos sociales, aparentemente involucrados en la celebración, en la que ‘valieron un pepino’ la mascarilla y el distanciamiento que impone la crisis sanitaria de la COVID-19.

Lo que desconocían los involucrados es que la medida va acompañada con una sanción económica de siete salarios, es decir $ 2.800.

“Desde hace rato fueron advertidos los moradores, pero no hicieron caso. Nos toca ser muy drásticos porque esa fiesta puede significar un contagio masivo con consecuencias graves”, manifestó Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia.

El cobro por la infracción se efectuará a través de los impuestos prediales.

Neyb Jiménez, jefe del Distrito Portete, lamentó el quemeimportismo de los moradores e invitados de la Calle 8, pues asegura que en varias ocasiones la policía intentó poner fin a la fiesta callejera, pero se impuso la presión de los bailadores y bebedores. Es más, los parlantes estaban conectados en las viviendas.

Tras la insistencia, la policía puso en conocimiento del Municipio y de la Fiscalía del Guayas los partes levantados a los dueños de las casas para que les impongan sanciones.

Narváez señaló que se trata de una zona problemática, donde incluso algunas familias ya han sido sancionadas durante la pandemia por ‘bochincheros’, libadores e irrespetar los horarios de toque de queda.

Los lugareños expresaron su indignación, pues afirmaron que en este operativo “pagaron justos por pecadores”.

Un morador, que omitió su nombre, comentó que algunas de las casas sancionadas “no tuvieron nada que ver en la celebración”.

Quienes sí salieron a declarar fueron los familiares de los esposos Carmen Córdova y Franklin Borja, propietarios del local de eventos clausurado.

Argumentaron que el establecimiento está en construcción y solamente fue usado hace dos semanas para un acto familiar. Además sostuvieron que está en las calles Octava y la I, es decir a dos cuadras del sitio de la fiesta por el inicio del nuevo año.