En Santa Cruz, Galápagos, la Fiscalía procesó a cinco policías en servicio activo luego de que hallaron evidencias y elementos de prueba que los señalaría como involucrados en la desaparición de una avioneta que el 8 de enero de 2021 fue encontrada en el aeropuerto de Isabela. De ser culpables recibirían una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El juez de Garantías Penales, Ramón Abad, acogió el pedido de Fiscalía y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad para Jonathan Alexander M. P., Luis Carlos Ch. A., Franklin Ramiro B. C., Julio Marcelo R. Ch. y Patricio A. D.

La instrucción fiscal durará tres meses, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de Santa Cruz presentó elementos de convicción: informes de investigación de la Policía Judicial y Aviación Civil. Además, reveló el informe de registro de la avioneta.

El 8 de enero, la avioneta tipo Cessna Conquest II aterrizó en el aeropuerto de la mencionada isla sin autorización de funcionarios aeronáuticos con una matrícula que habría sido alterada. Las personas que aterrizaron huyeron del lugar.

La avioneta estaba en cadena de custodio por un presunto delito de delincuencia organizada. El lunes 22 de marzo, la aeronave desapareció del lugar, sin que se conociera su paradero. Tras el acontecimiento, la Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas y los presuntos responsables del nuevo delito.

El 19 de marzo último, la delegación de Defensoría del Pueblo en Galápagos pidió formalmente a la fiscal a cargo del caso, Jhomary Chuncho, que certifique si a la fecha existe un expediente fiscal abierto para investigar el hecho, “por existir elementos que configurarían presuntas vulneraciones” de orden legal y constitucional.

Según el oficio enviado por el delegado, Milton Castillo, “de averiguaciones directas que hemos realizado a funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz, indican que no tienen conocimiento de expediente alguno sobre el caso”.

El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Wray, ha pedido a las autoridades competentes las pesquisas y sanciones, de ser el caso, al personal responsable de lo ocurrido, ya sea por actuación intencional o por negligencia.

Wray solicitó una reunión urgente del gabinete sectorial de Seguridad “para resolver lo que corresponda sobre estos hechos”.

Este no es el primer suceso sobre aeronaves abandonadas en el país que están vinculadas con el tráfico de drogas o actividades ilegales. Uno de las últimos hechos se registró el pasado 8 de febrero, en la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas, cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana detectó una avioneta que intentaba aterrizar en una pista clandestina. Sus ocupantes incendiaron la nave y la droga que llevaban.

Ecuador se encuentra entre los 22 países que Estados Unidos ha identificado como las principales rutas de tránsito de estupefacientes.