Con el chuchaqui seco que dejó la sesión solemne por el 10 de Agosto, en Quito, saltaron también las consecuencias políticas que afectan, sobre todo, a los ciudadanos.

La conmemoración del Primer Grito de la Independencia terminó con un ‘carnavalazo’, luego de que el concejal Fernando Morales lanzara un vaso con agua a Jorge Yunda, alcalde capitalino, mientras hablaba frente al Concejo Metropolitano.

Fue en vivo. Un acto –calificado por muchos– como “bochornoso”. Morales salió en redes justificando su acción. Pero... no sabía la que le iba a caer. Hasta el miércoles en la tarde, el Municipio analizaba una sanción administrativa.

Resaca sin agua... ¡tremendo! Como si el país hubiese vuelto a los 90. Y es solo el comienzo. Porque su arremetida contra Yunda, además de desencadenar reacciones negativas en Facebook y Twitter, expertos en política consideran que fue una ‘patada’ a los capitalinos.

Carlos Aguiñaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y analista político, calificó de inaceptable el exabrupto. “Esto solo distrae de lo principal”, agregó. Mientras que el abogado Marcelo Espinel dijo que estos actos lesionan incluso más la imagen del alcalde, del concejal y de todo el Cabildo.

“Hay gente que pide que se vayan todos. La desconfianza es generalizada”, apuntó.

Aguiñaga espetó que la justificación del edil no resultó como una forma de protesta. Lo único que pasó es que se evidenció que la ciudad está en medio de agresiones físicas, jurídicas, ética, añadió. “No existe madurez democrática”.

PUGNA DE PODER

Espinel y Aguiñaga coincidieron en que el incidente no inclina la balanza jurídica hacia ninguna de las partes de la pugna por el sillón municipal, cuyos protagonistas son Yunda y Santiago Guarderas, el ‘exvice’.

Este último entregó una solicitud de acción de protección extraordinaria a la Corte Constitucional, la que, al parecer, sí tramitará el pedido sin un orden cronológico. En un comunicado anunció ayer el sorteo de la causa para uno de los tres Tribunales de Admisión.

Al tiempo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se pronunció y ratificó la remoción de Jorge Yunda, aprobada el 3 de junio. Y aclaró que en ese proceso ya no existen más recursos. Es un fallo de última instancia.

Aguiñaga apoya este comunicado, pues, según él, la censura a Yunda está respaldada en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

“Una acción de protección emitida por la Corte Provincial no puede devolverle el cargo a Yunda. Guarderas ya operó la subrogación”, dijo.

Pero, mientras se aclara esto y terminan las interpretaciones jurídicas, la ciudad sigue sin avances en aprobación de ordenanzas, decisiones frente a la pandemia o a la reactivación económica.

INDIGNACIÓN CIUDADANA

La sensación de estancamiento en la ciudad es común en los quiteños. EXTRA recogió algunos testimonios.

Luis Rodríguez, empleado privado, considera que el incidente es “una falta de respeto”, pues los funcionarios públicos son quienes dan ejemplo.

“Tampoco estoy de acuerdo que el proceso de remoción no se haga desde la población. Es solo una pugna de poderes”, insistió.

La estudiante Jéssica Sandoval dijo que después de lo sucedido su desconfianza ha crecido, no solo frente al alcalde, sino a todo el aparato municipal. “El uno (Morales) fue violento y el otro (Yunda) se aferra al poder sabiendo que no lo quieren”, agregó.

Para Aguiñaga, la situación es compleja, pues el episodio en el Concejo Metropolitano opacó la marcha convocada por los sectores productivos de Quito.

“Pudo haber sido una manifestación ciudadana importante, pero se perdió”, añadió.

Espinel señaló que este tipo de actos no se han visto desde finales de los 90. “En ese tiempo había una especie de equilibrio entre los que tenían esos arranques y sus pares con otro tipo de protagonismo. Ahora solo hay falta de liderazgo y crisis”, concluyó.