Dos semanas después de la muerte de Karen Parra se empiezan a esclarecer los hechos sobre su crimen. La mujer fue encontrada maniatada y sin vida en su departamento, en La Mariscal, centro norte de Quito. Estaba embarazada de tres meses.

Su esposo, Fabián Quiñónez, se encuentra recluido en el Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, norte de la capital, por tráfico de droga y sus abogados han impulsado acciones para que se resuelva el asesinato, ocurrido el 22 de septiembre.

Un día antes del hecho, Parra fue al consultorio del jurista Alejandro Mancero para hablar sobre el caso de su conviviente. El abogado recordó que ese día la mujer fue con un sujeto, quien supuestamente la estaba asesorando.

Este individuo regresó con Parra a su casa, en la que, horas más tarde, ingresaron otras tres personas. Ellos aparentemente la maniataron y torturaron hasta matarla.

Mancero facilitó los videos de su oficina a la Policía y exigió que revisaran los del domicilio. Con estas pruebas identificaron a los sospechosos, de quienes se pudo obtener una boleta de captura de dos de ellos. A uno de estos, según Mancero, lo habrían detenido en la frontera con Colombia, el pasado fin de semana. “Queremos que los detengan a todos para resolver el crimen de la mujer y enfocarnos en el caso de mi cliente”, dijo el abogado.

Una posible motivación

Quiñónez fue detenido hace dos meses en su departamento, en el norte de la capital. Los policías realizaban un operativo de drogas y cuando allanaron su predio encontraron 12 gramos de marihuana. En otro piso capturaron a dos sujetos más. Al primero con 300 gramos de ‘coca’ y al otro con 80 de bazuco. Cerca de ellos arrestaron a un sujeto con una escopeta.

Todos, incluido Quiñónez, fueron detenidos como parte de una banda organizada. Según el expediente, el delito del que se los acusa es de tráfico de droga a alta escala.

Sin embargo, Mancero señaló que la Fiscalía debería individualizar a los sospechosos. “Mi cliente solo es consumidor y llevaba en su poder menos cantidad de la dosis permitida por la ley (20 gramos)”.

Según el jurista, desde que llevaron a Quiñónez al CDP, él ha vivido una serie de amenazas. Se trataría de personas que, al parecer, le quieren obligar a echarse la culpa de la droga decomisada y que figure como líder de la supuesta organización.

En un inicio, Quiñónez no le contó nada a Mancero hasta que la noche del crimen de su pareja lo llamaron desde su teléfono mientras la estaban torturando.

El abogado cuenta que luego del asesinato su defendido sigue recibiendo amenazas. Por eso cree que se debe dejar en libertad a Quiñónez o que lo desvinculen del caso porque “si no estuviese involucrado con las otras personas no le habrían matado a su pareja y a su hijo”.

Mancero cree que el líder de una banda piensa que su cliente conoce algo y que por eso lo quieren persuadir a que se haga cargo de un delito que no cometió.

Más detalles 

Autopsia. Karen murió por un golpe en la cabeza y se desangró.

Nacionalidad. Los sospechosos del crimen serían de origen colombiano.

Solo. Quiñónez no tiene familia ni amigos en Ecuador.