La jueza anticorrupción del caso Triple A, María Fernanda Castro Angos, ha fijado para el 9 y 10 de abril de 2025, a las 08:30, la audiencia de vinculación de 12 personas investigadas por la Fiscalía por una posible comercialización ilegal de combustible. Entre los investigados se encuentra Aquiles Álvarez, uno de los principales implicados en la red.

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La audiencia fue solicitada por la Fiscalía desde el pasado 28 de febrero, pero aún no se ha realizado debido a diversas tácticas de dilación, como el cambio de abogados de último momento y la contratación del mismo abogado del juez para intentar forzar su excusa del proceso. Estas maniobras legales han retrasado el avance del caso, que continúa siendo un tema central en el ámbito judicial.

Motivos de los impedimentos presentados por los abogados

El 1 de abril de 2025, la abogada Marcela Estrella Buchelli, quien defiende a Gloria María Salazar Solano y Rosa Marbella Ortiz (dueña de una estación de servicio en Pasaje), solicitó el diferimiento de la audiencia. Según la abogada, su participación en la audiencia de vinculación sería imposible, ya que tiene programada una audiencia preparatoria de juicio del 7 al 10 de abril, y además estará fuera del país del 4 al 17 de abril por motivos personales. En su solicitud, Buchelli argumentó que su imposibilidad de asistir a la audiencia de vinculación en esas fechas podría perjudicar la defensa de sus clientas.

Por otro lado, el abogado José Roberto Navarrete, quien representa a Lady Juliana Cedeño Toala, presentó también un impedimento, argumentando que la jueza Castro Angos carece de competencia para conocer el fondo del caso. Navarrete sostiene que la convocatoria a la audiencia de vinculación es inválida, ya que los plazos de la instrucción fiscal han expirado. En su carta, el abogado destaca que el caso ha sobrepasado los tiempos legales establecidos, lo que podría afectar el debido proceso y la seguridad jurídica de sus defendidos.

Estas nuevas solicitudes de diferimiento y las impugnaciones sobre la competencia de la jueza continúan aplazando la resolución del caso, que involucra a varias personas vinculadas a una posible red de comercialización ilegal de combustibles. Las tácticas legales presentadas por los abogados de los imputados, a pesar de ser vistas por algunos como intentos de prolongar el proceso, también plantean serias interrogantes sobre la legalidad de las decisiones tomadas hasta el momento.

Aunque la audiencia está programada para el 9 y 10 de abril, el caso continúa en un estado de incertidumbre debido a las solicitudes de diferimiento y los argumentos de incompetencia planteados por los abogados defensores. De continuar los retrasos, el caso podría enfrentar más obstáculos, lo que podría demorar aún más el esclarecimiento de los hechos y las posibles sanciones para los implicados en el entramado de corrupción.

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