El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no se presentó a la audiencia programada en el marco del caso Triple A, este miércoles 5 de marzo de 2025, argumentando la necesidad de tiempo para que su nuevo abogado pueda prepararse adecuadamente. La ausencia del burgomaestre ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial.

En un escrito presentado ante las autoridades judiciales, Álvarez informó que su defensa estará a cargo de un nuevo abogado, solicitando que sea él quien reciba todas las notificaciones oficiales del proceso. Esta petición busca garantizar que su representante legal tenga pleno conocimiento de las actuaciones judiciales en curso.

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Además, en el documento legal se menciona que su abogado anterior habría recibido amenazas relacionadas con el caso, lo que podría haber influido en el cambio de jurista y en la solicitud de postergación de la audiencia. La seguridad de los involucrados en el caso sigue siendo un punto de preocupación para la defensa del alcalde.

¿Abogado de Aquiles Álvarez con hemorroides? 

Otro elemento que se suma a la solicitud de aplazamiento es el estado de salud del abogado de Álvarez, quien, según el escrito, enfrenta un cuadro de hemorroides que dificulta su desempeño inmediato en la defensa del caso. Esta condición médica fue presentada como una razón adicional para pedir más tiempo antes de la siguiente diligencia judicial.

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El caso Triple A ha sido objeto de amplio debate en la opinión pública, y la ausencia de Álvarez en la audiencia ha alimentado especulaciones sobre el desarrollo del proceso. Sus opositores han cuestionado la legitimidad de sus argumentos para aplazar la diligencia, mientras que sus seguidores respaldan su derecho a una defensa adecuada.

Implicaciones legales para Álvarez

Con la imputación pendiente en el caso Triple A, Aquiles Álvarez enfrenta un panorama legal complejo. La acusación central es por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, el cual conlleva penas de prisión dado el alcance del daño al Estado. Al tratarse de hechos ocurridos fuera del ejercicio de su cargo de alcalde, Álvarez no goza de fuero o inmunidad especial ante la justicia.

Es decir, que sería procesado como cualquier ciudadano en la jurisdicción penal ordinaria, pese a su alta investidura municipal. El juez así lo ratificó al señalar que Álvarez “no cuenta con fuero de Corte Provincial” puesto que la investigación abarca actividades ajenas a sus funciones como alcalde.

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