El 22 de julio de 2021, Agrocamarón, la empresa de los cuatro hijos del exlegislador del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes Alarcón, inició sus actividades comerciales.

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Días después, el 30 de agosto, una de las primeras medidas de la camaronera fue contratar a Pablo Muentes, quien en ese momento era asambleísta alterno, para que brinde sus servicios como asesor administrativo y jurídico por un período de un año. Para ello, el socialcristiano y la gerente general, su hija Nicole Muentes, acordaron un salario mensual de 15.000 dólares.

Las obligaciones de Pablo Muentes incluían proporcionar asesoramiento legal para la expansión del nuevo negocio y buscar clientes para la camaronera. Estas responsabilidades están documentadas en los archivos que la familia Muentes presentó a la Fiscalía para justificar sus ingresos, gastos y actividades comerciales legítimas.

La asesoría se prolongó mientras Muentes ocupaba el cargo principal, al asumir la curul que dejó Soledad Diab cuando renunció a la Asamblea para convertirse en concejal de Guayaquil. Este período también coincide con el momento en que Mayra Salazar, testigo del caso Purga, afirma haber recibido un salario mensual de 2.500 dólares por parte de Muentes, a partir de febrero de 2022.

Tras estallar el caso Purga, una de las líneas de investigación de la Fiscalía fue la relación entre Agrocamarón y el legislador. Para su defensa, es evidente que los fondos recibidos de la compañía han sido justificados. 

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De hecho, en el proceso de vinculación, la Fiscalía no incluyó ni a Agrocamarón como entidad legal ni a ninguno de los hijos de Muentes en la lista de nuevos imputados, según destaca el abogado Diego Chimbo. "No los vinculó porque es una empresa que se estableció con financiamiento bancario y no tiene relación con lo que se está investigando".

Durante la fase de instrucción, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) un informe sobre los movimientos de la empresa. Según el reporte de la UAFE, desde julio de 2021 hasta mayo de 2024, la compañía registró ingresos por un total de 31,3 millones de dólares.

El período de mayor crecimiento de la camaronera coincidió precisamente con el tiempo en que el entonces asambleísta Muentes brindaba su asesoría profesional.

En 2021, los ingresos de Agrocamarón en el sistema financiero nacional ascendieron a 1,1 millones de dólares. Para 2022, estos montos se incrementaron significativamente, alcanzando los 7,1 millones de dólares. La mayor parte de estos ingresos provino de la empresa Mas Iron Co., con sede en California, Estados Unidos, la cual se especializa en la fabricación de estructuras metálicas.

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En su informe de resultados, Pablo Muentes señala que en 2021 Agrocamarón no había sido objeto "de créditos significativos por parte de la banca hasta sus primeras ventas, a principios de 2022", por lo que su labor se centró en la gestión de financiamiento tanto local como internacional. De esta manera, logró consolidar un negocio próspero.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes continúa recluido en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N°3, conocido como La Roca. De esta manera, la institución desmintió los rumores de fuga. Muentes había salido de la cárcel hace un mes, pero regresó debido a un deterioro en su salud.

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