Este martes 7 de enero, se celebró una reunión de la Mesa de la Solidaridad, en la que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil para abordar la situación de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre del 2024 en el sur de Guayaquil.

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En este encuentro, se debatió sobre la necesidad urgente de exigir justicia, esclarecer la verdad y ofrecer reparación tanto a las familias afectadas como a la ciudadanía, que siente que ha perdido a estos niños de manera violenta.

Ubiel Castillo Nazareno, coordinador del Movimiento de Afrodescendientes, expresó su firme posición a favor de que se haga justicia, se conozca la verdad y se otorgue la reparación correspondiente a las familias de los menores desaparecidos, así como al pueblo ecuatoriano, que considera que ha perdido una parte de su familia.

Por su parte, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que los recientes sucesos, incluida la desaparición de estos menores, son un claro ejemplo de los graves problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país. Navarrete destacó que este caso pone de manifiesto la ineficiencia en la respuesta estatal frente a la creciente violencia y desapariciones forzadas.

Declaraciones de Loffredo, inaceptables para el grupo

El grupo expresó su preocupación respecto a las declaraciones del Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien atacó a quienes denunciaron la desaparición y amenazó a la jueza que calificó el caso de los menores como una desaparición forzada. Las organizaciones consideran que este tipo de comportamientos son inaceptables, pues no solo desacreditan el trabajo de la justicia, sino que también contribuyen a agravar el dolor de las familias.

Además, se subrayó que el Ministro de Defensa actuó de manera inapropiada al amenazar a la operadora de justicia por su decisión. En lugar de apoyar el proceso judicial, el ministro mostró una actitud despectiva hacia los familiares de los menores, quienes, además de enfrentar el sufrimiento por la desaparición, han sido injustamente señalados.

El gobierno también fue criticado por politizar la situación y por no ofrecer una respuesta clara ni efectiva frente al caos generado por la desaparición de los menores. En este sentido, las organizaciones que participaron en la mesa han solicitado la intervención de organismos internacionales y exigen un juicio político contra aquellos responsables de la falta de acción ante estos casos

Billy Navarrete también recordó que existen otros casos de desapariciones forzadas en el litoral, que se atribuyen a acciones de militares, lo que refuerza la necesidad de un cambio urgente.

Por la defensa de los derechos humanos

En cuanto a las declaraciones de la Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien se alineó con la postura del Ministerio de Defensa, se expresó un profundo desacuerdo. Las organizaciones reclamaron que el gobierno debe centrarse en proteger a los defensores de los derechos humanos y a los familiares de los desaparecidos, quienes ahora se enfrentan a un doble desafío: el dolor por la pérdida de sus seres queridos y la persecución por parte de quienes deberían. ser sus aliados en la búsqueda de justicia.

Lourdes Peralta, presidenta del Comité de Mujeres, se refirió a la detención de los menores, señalando que este acto tuvo un claro tinte racista y machista. Peralta aseguró que su organización comenzará acompañando a las familias afectadas, y que este 8 de enero se movilizarán hasta el lugar donde los menores fueron desaparecidos, cerca del Mall del Sur, para exigir que se esclarezca el hecho.

Los cadáveres de los cuatro menores fueron encontrados en un manglar de la parroquia Taura, el pasado 24 de diciembre. Dieciséis militares fueron detenidos y procesados por el delito de desaparición forzada. Fueron llevados a prisión tras la audiencia de formulación de cargos desarrollada el 31 de enero en la fiscalía de la Valdivia.

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