Los 10 reos que fueron hallados sin vida dentro del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de Pichincha, conocido como la cárcel de El Inca, fueron estrangulados con algún tipo de objeto.

Las víctimas habrían sido asesinadas por otros internos luego del traslado de Jhonatan Bermúdez, alias el Primo, hacia La Roca, en Guayaquil, la mañana del jueves. El privado de libertad figura como uno de los cabecillas de Los Lobos.

La Policía todavía espera la autopsia de los cadáveres, pero se descartó que las víctimas fueron suspendidas de alguna estructura. Lo que se presume, según las primeras evidencias, es que los asfixiaron con algún tipo de cuerda, toallas y cobijas que fueron encontradas cerca de los cadáveres.

Estos fueron levantados de los pabellones del bloque central, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). La entidad también señaló que el motivo de la matanza habría sido en represalia por el traslado de alias el Primo.

En el informe policial se precisó que los responsables fueron tres privados de libertad, quienes serían los segundos al mando de Los Lobos, dentro de dicha prisión: Juan Santos, alias Sargento; David Gualotuña, alias Hormiga; y Milton Rosado, alias Junior. Ellos también fueron trasladados a La Roca.

Los investigadores todavía intentan determinar si las víctimas tenían alguna rencilla con los cabecillas que iniciaron el relajo. Todos ellos registraban antecedentes penales (ver infografía) y permanecían en pabellones donde hay miembros de bandas como los Latin Kings, Tiguerones y Ñetas.

Falta control

Dos analistas de temas penitenciarios señalaron que la matanza de El Inca sería una respuesta a los actos que ha realizado el Gobierno para mantener el control en el sistema penitenciario. Christian Cañar, abogado penalista y experto en crisis de seguridad, dijo que los reos, al ver la actitud de la fuerza pública “empezaron a matar gente”.

Un miembro de los grupos tácticos de la Policía que estuvo durante el operativo para controlar a los reos explicó que antes de ingresar a los pabellones sacaron a los guías que permanecían en ese horario (son 57 en el centro). “Tuvimos que romper puertas y lanzar bombas lacrimógenas para que los reos se tiren al piso”.

Esta forma de controlar, según Cañar, es una afrenta para los internos, quienes manejan su propia forma de organización en la cárcel.

Luis Córdoba, abogado y director del programa Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, comentó que este tipo de traslados responden a una “política individualista” sin ningún enfoque en seguridad.

Según el experto, el Estado reduce el problema de la organización criminal a la jerarquización, “creen que al neutralizar al líder de una banda neutralizan la estructura”.

Enfatizó que se debe desmontar los circuitos criminales que los alimentan económicamente dentro de las cárceles a estas organizaciones. “El Gobierno quiere mostrar una imagen de héroes que enfrentan al narcoterrorismo para dar una cara distinta de la seguridad”.