Kléver Armijos y Johnny Solís, exagentes metropolitanos de Tránsito de Quito fueron condenados a cinco años de cárcel por el delito de delincuencia organizada.

Este jueves, en el Complejo Judicial Norte de la capital, debía instalarse la audiencia preparatoria de juicio en el caso de las posibles anomalías en la adquisición y comercialización de 21.000 pruebas para la detección de Covid-19 durante la emergencia sanitaria.

Eran ocho procesados, entre ellos los exagentes de Tránsito, el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Pero, la defensa de los Bucaram volvió a pedir que se difiera la audiencia. Esta vez el argumento fue que los abogados estaban en Guayaquil en otra audiencia prevista para la misma hora.

La jueza María Elena Lara aceptó el pedido y anunció que volverá a fijar nuevo día y hora. Aunque la diligencia se difirió para los seis procesados sí se instaló para los dos agentes sentenciados mediante procedimiento abreviado.

Armijos y Solís asumieron la responsabilidad en el delito. Fueron señalados por ayudar a gestionar credenciales falsas de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para que los israelíes Sheinman Oren y Shy Dahan no tuviesen problemas en posibles controles mientras trasladaban las pruebas de COVID-19.

La jueza declaró a ambos culpables del delito. Además de la condena deberán cancelar una multa de 15 salarios básicos. Como reparación inmaterial los procesados ofrecieron disculpas públicas.

La reparación material y el pedido de disculpas públicas a la Embajada de Estados Unidos, no fueron aceptados. De acuerdo con la Fiscalía, Armijos y Solís tuvieron un rol de liderazgo en la presunta organización. Dijo que se valieron de sus cargos como escoltas de seguridad presidencial para acompañar a los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan (asesinado en la Penitenciaria del Litoral).

Los exagentes fueron acusados de utilizar las motos que la Agencia Metropolitana de Tránsito les proveyó como logística en la custodia que brindaban a los extranjeros. De Armijos se dijo que recibió 5.000 dólares.

Los israelíes habrían sido los proveedores de los insumos médicos y Jacobo Bucaram era el comprador. Las investigaciones apuntaron a que las pruebas fueron guardadas en la casa del expresidente Bucaram en Guayaquil, sin que él tuviera facturas o documentos que justifiquen su legal adquisición.