Las detenciones masivas se han vuelto habituales desde que el presidente Daniel Noboa declaró terroristas a diferentes grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en el país, sumado a que el Ecuador se encuentra en un estado de excepción que ha suspendido la inviolabilidad de los domicilios, lo que permite a los uniformados ingresar a estos sin consecuencias legales.

Una de las últimas operaciones, que resultó en la captura de 69 sospechosos, se registró el  domingo 21 de enero de 2024 en el cantón Yaguachi, en Guayas, donde estos sujetos se habrían tomado el hospital de la localidad para brindar custodia a un integrante de su agrupación: Los Águilas, una de las principales células de Los Choneros.

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Estos individuos, tras ser procesados, generalmente son enviados a las cárceles o pabellones en los que hay dominio de sus bandas, porque el sistema de clasificación de reos aún no ha sido modificado, pero con la implementación de nuevos centros de privación de libertad es algo que se hará, según ha anunciado el mandatario. Sin embargo, por ahora todo marcha igual.

Efecto búmeran

El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, avizora que el Ecuador podría sufrir un efecto búmeran a causa de estas detenciones, debido a que hay alrededor de 1.700 detenidos por semana y 8 de cada 10 reciben orden de prisión preventiva.

Esto sucedería porque no se habrían hecho mejoras en el sistema de justicia, por lo que el “porcentaje de resolución de casos sigue siendo bajo (...). Es muy probable que estas personas salgan de prisión en menos de un año, lo que puede generar una especie de efecto búmeran. Es decir, que toda la gente que están deteniendo va a tener mayor vínculo con las organizaciones y (...) es muy probable que tengan represalias contra el Estado”.

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Para Rivera, la reducción de homicidios en el país no sería un buen indicativo si es que en realidad no se genera un impacto sustancial en contra de las organizaciones criminales, pero esto debe ir “de la mano con una reforma del sistema penitenciario y de justicia”, sostiene.

Refuerzos

César Peña, fiscal especializado de Guayas, explica que el envío de los procesados a las celdas donde predominan sus bandas podría llevar a que estos grupos se estructuren con mayor fuerza, lo que podría ser considerado como un refuerzo de las bases delictivas.

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El agente del Ministerio Público coincide en que se deben hacer cambios en las modalidades para el tratamiento de los reos, para que la justicia y la distribución de los presos no sea aplicada de la misma forma.

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